La sentencia, a instancias de Vox, deroga los ‘perfiles lingüísticos’ pactados en 2024 por PNV y PSE bajo Urkullu y abre una nueva batalla legal en Euskadi
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado este viernes el Decreto 19/2024, que exigía niveles concretos de euskera para acceder a plazas públicas vascas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de Vox al considerar que el decreto carecía de justificación económica suficiente, según fallo publicado hoy.
La norma, aprobada en febrero de 2024 durante la última legislatura con Íñigo Urkullu (PNV) al frente del Gobierno vasco, desarrollaba la Ley de Empleo Vasco para establecer los llamados ‘perfiles lingüísticos’: requisitos de euskera vinculados a cada puesto administrativo. Su derogación elimina la obligatoriedad de acreditar conocimientos del idioma para determinadas plazas, aunque mantiene la promoción interna del euskera en la administración.
El decreto fue pactado entre PNV y PSE y entró en vigor en marzo de 2024, tras meses de negociación parlamentaria. Su anulación no afecta a la Ley de Empleo Vasco en sí, pero sí a su desarrollo normativo más controvertido: los ‘perfiles lingüísticos’ que, según Vox, discriminaban a quienes no dominaban euskera.
El recurso de Vox y el vacío legal que deja la sentencia
La formación nacionalista presentó el recurso en 2025 alegando que el decreto no incluía un estudio de impacto económico que justificara su coste para la administración. El TSJPV ha dado la razón a Vox al considerar que la memoria económica presentada era insuficiente, sin detallar cifras concretas de gasto o beneficios. La sentencia no analiza el fondo de la política lingüística, sino su procedimiento administrativo.
La anulación deja un vacío legal: la Ley de Empleo Vasco sigue vigente, pero sin el desarrollo que exigía niveles de euskera para acceder a plazas. Esto podría llevar a que la administración vasca no exija euskera en nuevos concursos, aunque el Gobierno autonómico podría intentar aprobar un nuevo decreto con los requisitos económicos cumplidos. PNV y PSE no han reaccionado oficialmente, pero fuentes cercanas al PNV advierten de que la sentencia no afecta a la promoción interna del euskera, que sigue siendo un objetivo prioritario.
¿Qué cambia ahora para los trabajadores vascos?
La derogación del decreto elimina la obligación de acreditar euskera para 1.200 plazas públicas anuales (cifra aproximada según datos de 2023 del Gobierno vasco), aunque no suprime la posibilidad de que la administración lo exija en convocatorias concretas. Los trabajadores que ya accedieron a puestos bajo el decreto mantendrán sus condiciones, pero nuevos concursos podrían prescindir de este requisito.
El fallo del TSJPV podría tener efectos inmediatos en la administración local, donde muchos ayuntamientos aplicaban los ‘perfiles lingüísticos’ por derivación. Sin embargo, el Gobierno vasco podría recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, como ya hizo en casos similares, para intentar mantener la norma. La batalla legal se traslada ahora a Madrid, donde el alto tribunal deberá pronunciarse sobre si el TSJPV actuó dentro de sus competencias.
Para Vox, la sentencia es una victoria contra el ‘nacionalismo lingüístico’, aunque su portavoz en Euskadi, Javier de Andrés, ha advertido de que ‘el euskera sigue siendo un instrumento de división’ y que su partido seguirá ‘vigilando’ cualquier nueva norma que intente imponerlo. El PNV, por su parte, ha evitado valoraciones hasta conocer los detalles legales, pero fuentes internas señalan que la anulación ‘no paraliza’ la política lingüística, sino que la adapta a los nuevos plazos judiciales.
