Junts, ERC y PPC critican la falta de concreciones en la reunión sobre crisis educativa y piden calendarizar el debate sobre el 6% del PIB
Los grupos parlamentarios catalanes que se reunieron este viernes con el president Salvador Illa y la consellera d’Educación Esther Niubó para abordar la crisis educativa salieron con la sensación de que la cita quedó «vacía de contenido» y sin medidas concretas. Todos, excepto Vox y Alianza Catalana, aceptaron participar en los dos espacios de trabajo propuestos por Niubó —uno de escucha con la comunidad educativa y otro para marcar líneas hacia el objetivo del 6% del PIB en educación—, pero exigieron un calendario claro y mayor transparencia.
La presidenta de Junts, Mònica Sales, criticó que el Govern «gobierna a golpe de titular» al anunciar medidas como limitar el uso de inteligencia artificial para menores de 14 años o recuperar lecturas obligatorias en Bachillerato sin someterlas a debate previo. «No era un buen punto de partida para generar un acuerdo de país hacerlo de espaldas a la comunidad educativa», reprochó. El portavoz de ERC, Jordi Albert, denunció que el Govern «marca la pauta» y luego busca validación, mientras que el PPC acusó al Executiu de hacer «propaganda» con anuncios sin consulta previa.
El conflicto lingüístico fue otro punto clave: Junts, ERC y la CUP exigieron blindar el catalán en las aulas ante posibles sentencias judiciales que obliguen a aplicar un 25% de castellano. La CUP advirtió que excluirá a partidos con «óptica hispanófoba» de cualquier pacto, mientras el PPC propuso dar el mismo peso al catalán y al castellano, priorizando la lengua materna del alumno. Los Comuns defendieron el modelo de inmersión lingüística actual, pero los populares advirtieron que solo participarán si hay una propuesta de «cambio profundo» del sistema.
La reunión, celebrada en el Palau de la Generalitat, no concretó ninguna medida ni avaló propuestas. Todos los grupos coincidieron en que el proceso debe ser más transparente y con plazos definidos, aunque la CUP ya dejó claro que su apoyo dependerá de la alineación ideológica de los participantes.
En la sesión, los parlamentarios subrayaron que la ausencia de la comunidad educativa en la mesa de trabajo representa un obstáculo para la legitimidad de cualquier acuerdo. Mónica Sales enfatizó que la participación de maestros, directivos y padres es esencial para que las reformas reflejen las necesidades reales de los centros. Asimismo, el portavoz de ERC, Jordi Albert, pidió que el Gobierno establezca un calendario de consultas públicas que permita a la sociedad civil influir en la definición de los objetivos de gasto y en la distribución de recursos.
