El líder del PP vincula el caso de la anciana madrileña con ocho años de gestión de Sánchez y reclama un millón de viviendas nuevas
Alberto Núñez Feijóo ha pedido este viernes «soluciones excepcionales» tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, que ha movilizado al Gobierno y a los partidos para evitar más lanzamientos judiciales. El presidente del PP ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha tenido ocho años para solucionar el problema de la vivienda» y lo ha acusado de haberlo «agravar» en lugar de resolverlo.
Feijóo, durante la clausura del Campus FAES en Madrid, ha rechazado usar el caso de Maricarmen «para hacer política», pero ha insistido en que el Gobierno «está inhabilitado» para gestionar la vivienda. Según sus datos, el problema pasó de ser el «número 16» en 2018 a convertirse en el «primer problema» actual, y ha exigido construir «más de un millón de viviendas nuevas» para revertir la situación.
El desahucio de Maricarmen, que ha generado protestas y una reforma legal en marcha para evitar casos similares, refleja la presión social sobre un problema que el PP atribuye directamente a la gestión de Sánchez. La reforma, impulsada por el Gobierno y apoyada por todos los grupos parlamentarios, busca limitar los lanzamientos judiciales en situaciones de vulnerabilidad, aunque Feijóo ha evitado aludir a ella para no «hacer demagogia» con el caso concreto.
El contexto legal es clave: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la normativa autonómica, como la Ley de Vivienda de Madrid, ya contemplan medidas para proteger a inquilinos vulnerables, pero su aplicación depende de criterios judiciales y de la capacidad de las comunidades autónomas. El caso de Maricarmen, sin embargo, ha expuesto las limitaciones de estas herramientas ante situaciones extremas, donde la falta de alternativas habitacionales públicas agrava el impacto de los desahucios.
Políticamente, el PP busca capitalizar la indignación social para presionar al Gobierno, mientras Sánchez intenta mostrar acción con la reforma legal. Feijóo ha evitado entrar en detalles técnicos, pero su mensaje —»hablar en serio de la vivienda»— apunta a una estrategia de confrontación en un tema donde el Ejecutivo arrastra críticas por su lentitud. La próxima semana, el Congreso debatirá la reforma, pero el debate sobre quién tiene la responsabilidad última —el Gobierno, las autonomías o el mercado— sigue abierto.
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