El ministro de Derechos Sociales acusa a Urbagestión de rechazar ofertas y donaciones para evitar el desahucio de una anciana en Madrid
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha anunciado que el Gobierno aprobará la expropiación del piso de Maricarmen, una vecina de 82 años del barrio madrileño de Latina amenazada de desahucio por el fondo de inversión Urba gestión. Lo ha hecho tras reunirse con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y acusar a la empresa de negarse a negociar, incluso rechazando donaciones anónimas para evitar el desalojo.
Bustinduy ha calificado a Urba gestión de «fondo buitre» y ha advertido que el Gobierno usará herramientas legales para frenar lo que considera un abuso. «La propiedad privada tiene límites y una función social», ha recordado, citando la Constitución. El ministro también ha aclarado que la expropiación del piso de Maricarmen y el decreto de vivienda son «dos expedientes separados», aunque ambos buscan limitar el poder de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario.
La medida llega tras meses de presión social y política. El Ministerio de Vivienda ya intentó comprar el piso en nombre de Maricarmen, pero el fondo se negó. Ahora, el Gobierno de Sumar —partido al que pertenece Bustinduy— ha intensificado su postura. La portavoz parlamentaria de la coalición, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que «los fondos buitre que hacen negocio con la vida de la gente deben saber que el Gobierno de España defenderá el derecho constitucional a la vivienda».
El caso de Maricarmen se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para regular el mercado inmobiliario y proteger a los colectivos vulnerables. La expropiación, si se aprueba, sería la primera de su tipo bajo este Gobierno y serviría como precedente para otros casos similares. Mientras, el fondo Urba gestión —propietario del inmueble— no ha respondido públicamente a las acusaciones.
La presión política crece. Más Madrid, que gobierna en la Comunidad de Madrid, ha apoyado públicamente a Maricarmen y ha criticado la pasividad del Gobierno regional en estos casos. La medida también podría tener repercusiones en el debate sobre la reforma de la ley de vivienda, que el Gobierno planea impulsar en los próximos meses.
