El Gobierno catalán rechaza las cifras de Madrid y denuncia un modelo ‘clasista e inhumano’ en la gestión de vivienda
Isabel Díaz Ayuso ha acusado este jueves a Cataluña de concentrar el 60% de los desahucios ejecutados en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que citó en su defensa ante el caso del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que «por cada desahucio en Madrid se producen cinco en Cataluña», una afirmación que ha sido rechazada de inmediato por el Gobierno catalán.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, respondió durante su visita a Sabadell (Barcelona) calificando de «impactante» el caso de Maricarmen y rechazando la comparación. Illa defendió que Cataluña «combate la especulación inmobiliaria» y acusó al Gobierno madrileño de aplicar un modelo «clasista, inhumano y de codicia», especialmente en la gestión de desahucios. «No es el modelo de sociedad que queremos», declaró, añadiendo que las instituciones catalanas «están para combatir esto».
Por su parte, la consejera de Vivienda de la Generalitat, Silvia Paneque, acusó a Ayuso de «fabricar fake news» desde Salt (Girona). Paneque aseguró que en Cataluña los desahucios por vulnerabilidad se evitan o regularizan, y criticó que las declaraciones de Madrid buscan «ocultar vergüenzas propias». La portavoz del Govern catalán vinculó directamente las palabras de Ayuso a la polémica por el desahucio de Maricarmen, un caso que ha generado una fuerte movilización social.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano que recopila y publica estadísticas oficiales sobre ejecuciones hipotecarias en España. Según sus últimos datos, Cataluña registra efectivamente un mayor número de desahucios en cifras absolutas, aunque Madrid supera a otras comunidades en tasa por habitante. La polémica refleja el enfrentamiento entre ambos gobiernos en materia de vivienda, con el PSOE y sus aliados en Cataluña acusando a Ayuso de falta de sensibilidad social, mientras la presidenta madrileña defiende su gestión con argumentos basados en datos judiciales.
El caso de Maricarmen, desahuciada en agosto tras una ocupación de su vivienda, se ha convertido en un símbolo de la tensión política entre Madrid y Barcelona. Mientras el Gobierno catalán apuesta por medidas como el decreto antidesahucios, la Comunidad de Madrid ha optado por regularizaciones puntuales sin prohibiciones generales. La confrontación verbal entre Illa y Ayuso podría escalar si el CGPJ no aclara con detalle las cifras exactas de desahucios por comunidad autónoma, algo que ambos bandos usan para justificar sus posturas.
