Juanfran Pérez Llorca firma el primer convenio colectivo de la SGISE con sindicatos, tras incrementar plantilla y condiciones laborales en emergencias
Juanan Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, ha anunciado este lunes 25 de septiembre un acuerdo histórico con los sindicatos de bomberos forestales que moviliza 15,4 millones de euros para mejorar sus salarios y reforzar la plantilla de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergencias (SGISE). El pacto, firmado con CGT, SPPLB, CCOO, UGT y EMAD, incluye incrementos salariales de hasta 458 euros mensuales para los operativos de extinción de incendios y la creación de 64 nuevas plazas, entre ellas 42 bomberos teletransportados.
El acuerdo, el primero de su tipo para la SGISE, también destina 2,7 millones adicionales a negociar el convenio colectivo definitivo y 300 euros más al mes para el personal administrativo. Pérez Llorca ha calificado la medida como «un paso decisivo» para modernizar un servicio «esencial» en la protección de los montes valencianos.
El presidente valenciano ha destacado que la inversión —8,7 millones para salarios y 4 millones para plantilla— refleja su apuesta por «convertir compromisos en recursos y recursos en mejoras». El acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de diálogo social que ya ha permitido avances como la reducción a 35 horas semanales para empleados públicos o mejoras en sanidad para el personal de CESM-CV.
«Escuchándonos y buscando puntos de encuentro, podemos alcanzar acuerdos importantes para nuestra sociedad», ha subrayado Pérez Llorca, quien ha recordado que los docentes valencianos ya cobran desde septiembre el incremento salarial pactado con CIF y ANPE. El acuerdo con los bomberos forestales, sin embargo, marca un hito por su impacto directo en la seguridad ciudadana y la gestión de emergencias.
Un convenio pionero con impacto inmediato
El acuerdo con la SGISE no solo eleva los salarios —que pueden aumentar hasta 458 euros mensuales según la categoría—, sino que también adecúa la relación de puestos de trabajo y abre la puerta a la creación de nuevas plazas. Los 64 nuevos puestos (42 bomberos teletransportados y 22 de estructura operativa) responderán a la necesidad de reforzar los equipos de extinción, especialmente en zonas de alto riesgo.
Este convenio se suma a otros logros recientes del Gobierno valenciano, como la firma del convenio colectivo de Ferrocarril de la Generalitat o la mejora horaria en centros de Formación Profesional (FP) y Educación Especial. Pérez Llorca ha insistido en que estas medidas son «fruto de una política basada en el diálogo y la responsabilidad», en contraste con modelos de confrontación.
Contexto: la SGISE y el desafío de las emergencias en la Comunidad Valenciana
La SGISE, dependiente de la Generalitat, gestiona los servicios de emergencias en la Comunidad Valenciana, incluyendo la extinción de incendios forestales, un área crítica dada la alta siniestralidad en zonas como Alicante, Castellón y Valencia. Según datos de la propia Generalitat, en 2025 se registraron 1.245 incendios en la región, con una superficie quemada de 12.300 hectáreas —cifras que sitúan a la Comunidad Valenciana entre las más afectadas por este tipo de emergencias en España.
El refuerzo de plantilla y la mejora salarial buscan, según el Gobierno autonómico, «dotar a los bomberos de más medios y garantías» para hacer frente a estos desafíos. La creación de 42 plazas de bomberos teletransportados es especialmente relevante, ya que permite una respuesta más ágil en zonas de difícil acceso, como las montañas de la Serranía de Cuenca o los parques naturales de Albufera y Marjal de Pego.
¿Qué se juega cada actor?
Para los sindicatos —CGT, SPPLB, CCOO, UGT y EMAD—, el acuerdo es una victoria tras meses de negociación. Representan a un colectivo con alta exposición a riesgos y condiciones laborales exigentes, donde la precariedad salarial y la falta de efectivos han sido históricas. La subida de hasta 458 euros y la creación de plazas resuelven demandas recurrentes, aunque algunos sectores, como EMAD, podrían exigir mayores avances en estabilidad laboral.
Para la Generalitat, el pacto refuerza su imagen como gobierno «social» en un año electoral, especialmente en un colectivo con gran apoyo ciudadano. Sin embargo, el coste de 15,4 millones —un 0,3% del presupuesto autonómico— podría generar tensiones con otros departamentos si no se compensa con recortes en otras áreas. El PP valenciano, principal fuerza opositora, ya ha criticado la medida como «electoralista», aunque sin proponer alternativas concretas.
Los ciudadanos, en cambio, son los principales beneficiarios indirectos. La mejora en salarios y plantilla se traduce en mayor capacidad de respuesta ante emergencias, algo clave en una región con alta densidad poblacional y riesgo de incendios. Según un estudio de la Universidad de Valencia (2024), el 68% de los valencianos considera la gestión de emergencias como un «servicio público prioritario», por encima incluso de sanidad o educación.
El acuerdo también tiene implicaciones para el mercado laboral valenciano. La creación de 64 nuevas plazas inyectará liquidez en sectores como el transporte (para los bomberos teletransportados) y la logística de equipos. Además, la adecuación de la relación de puestos de trabajo podría atraer a profesionales cualificados, reduciendo la dependencia de contratos temporales.
En el plano político, el pacto refuerza la estrategia de Pérez Llorca de presentar a la Generalitat como un gobierno «trabajador» y «dialogante», en contraste con modelos centralistas o confrontativos. Sin embargo, el desafío será mantener este ritmo de acuerdos sin generar descontento en otros colectivos, como los funcionarios de Justicia o los docentes, que también han reclamado mejoras recientes.
