El PSC saca adelante el texto con Junts y Vox frente al rechazo de PP, ERC y Comúdelleida
Lleida vuelve a prohibir el uso del burka y el niqab en la vía pública tras el visto bueno inicial del pleno municipal a la reforma de su Ordenanza de Civismo y Convivencia. El equipo de gobierno del PSC sacó adelante el texto con el respaldo de Junts y Vox. La normativa contempla multas de entre 400 y 750 euros para quienes oculten totalmente su rostro con prendas de este tipo en los espacios públicos.
El artículo 12 concentra el núcleo del debate al catalogar esta conducta como una infracción leve. A nivel global, el nuevo marco sancionador eleva el castigo a los comportamientos incívicos con importes generales que oscilan entre 400 y 3.000 euros, además de penalizar la reincidencia. La alianza con Junts quedó sellada tras pactar una moción vinculada para colocar aseos y duchas públicas en el municipio. Los socialistas argumentaron durante la sesión que el texto busca salvaguardar las libertades ciudadanas.
La votación evidenció una fuerte fractura en el consistorio catalán. ERC y el Comúdelleida rechazaron el documento por considerar que traslada un enfoque punitivo hacia la ciudadanía. El PP también votó en contra, aunque bajo una premisa opuesta. Los populares sostuvieron que el nuevo articulado no erradica estas prendas, sino que se limita a regular su uso dentro de la ciudad.
La decisión reactiva un debate legal con antecedentes directos en la propia capital leridana. En 2010, durante el mandato del alcalde socialista Àngel Ros, el municipio aprobó un veto similar para los edificios de titularidad municipal. La asociación islámica Atañí recurrió aquella ordenanza ante la justicia ordinaria. El caso escaló hasta el Tribunal Supremo tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El alto tribunal terminó anulando aquella pionera regulación municipal. La sentencia concluyó entonces que los ayuntamientos carecen de competencias legales para restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa sin una ley de ámbito estatal previa. Con la aprobación de este nuevo texto, que sustituye a la ordenanza vigente desde 2007, Lleida reabre un choque normativo sobre los límites de las competencias locales en el espacio público.
