El Consell de Pérez Llorca simplifica trámites urbanísticos y adapta normas para municipios rurales, pero la oposición alerta de desregulación
Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero del Consell valenciano, ha anunciado este viernes la aprobación del proyecto de Ley del Suelo que sustituirá a la Lotus y obligará a reservar al menos el 50% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida. La norma, aprobada por el pleno del Consell, busca agilizar trámites urbanísticos y adaptar la regulación a municipios de menos de 1.000 habitantes, pero su tramitación en Les Corts dependerá de los votos de Vox, partido clave para su aprobación.
El texto, que incorpora cambios tras las objeciones del Consell Jurídicaa Consultiu, simplifica licencias urbanísticas y permite declaraciones responsables para actuaciones menos complejas. Martínez Mus ha asegurado que la medida no afectará a la protección ambiental, aunque partidos de izquierda mantienen reservas sobre posibles desregulaciones.
La nueva ley también introduce un planeamiento urbanístico simplificado para pueblos en riesgo de despoblación, una de las novedades más destacadas del proyecto. Según el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, el objetivo es equilibrar desarrollo y protección del medio rural.
Un texto que nació con objeciones y aún puede cambiar
El proyecto de Ley del Suelo valenciano no ha sido ajeno a las críticas. El Consell Jurídic Consultiu presentó objeciones sustanciales que, según Martínez Mus, han sido incorporadas en su versión definitiva. Sin embargo, el vicepresidente ha dejado claro que la norma aún puede evolucionar durante su tramitación parlamentaria, especialmente si Vox —que ha mostrado interés en influir— exige modificaciones.
La oposición de izquierdas, por su parte, observa con recelo las intenciones del gobierno de Juanan Pérez Llorca en materia urbanística. Fuentes cercanas a estos partidos advierten de que la simplificación administrativa podría derivar en una flexibilización de controles, algo que ya ha generado tensiones en otros ámbitos normativos.
¿Qué cambia para los ayuntamientos y los ciudadanos?
Una de las modificaciones más inmediatas afecta a los municipios de menos de 1.000 habitantes, que podrán aplicar un planeamiento urbanístico adaptado a sus necesidades. Esta medida, según el Consell, busca evitar la burocracia excesiva en zonas rurales, donde los trámites tradicionales resultan poco prácticos.
En cuanto a los ciudadanos y promotores, la ley clarifica qué actuaciones requieren licencia y cuáles pueden gestionarse mediante declaraciones responsables, un sistema que reduce plazos y aporta mayor seguridad jurídica. Sin embargo, la oposición cuestiona si esta agilización podría beneficiar más a grandes promotores que a pequeños propietarios.
El contexto: la Lotus y la tensión por el suelo en Valencia
La Lotus (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje) ha sido durante años el marco legal para la gestión del suelo en la Comunitat Valenciana. Su sustitución responde a la necesidad de adaptarse a nuevos desafíos, como la escasez de vivienda asequible y la presión urbanística en zonas costeras. La nueva ley, sin embargo, llega en un momento de alta polarización política, donde cualquier cambio normativo en materia de suelo se convierte en un campo de batalla.
El gobierno valenciano ha insistido en que la simplificación no implica relajar la protección ambiental. Martínez Mus ha subrayado que «simplificar no es legalizar lo que es ilegal», aunque expertos independientes ya han señalado que la redacción final podría abrir brechas en ciertos aspectos.
Mientras, Vox y los partidos de izquierda mantienen posturas opuestas: los primeros podrían exigir más flexibilidad para los promotores, mientras que los segundos presionan para garantizar que la vivienda protegida no quede relegada a papel.
¿Qué sigue ahora?
El proyecto debe ser debatido y aprobado en Les Corts, donde su tramitación podría alargarse si Vox decide presentar enmiendas o bloquear su aprobación. Si finalmente se aprueba, entrará en vigor en un plazo que aún no está definido, aunque el Consell ha avanzado que buscará una aplicación gradual para evitar rupturas con la normativa vigente.
Lo que está claro es que esta ley no solo redefine el urbanismo en Valencia, sino que también servirá como termómetro de las tensiones políticas en la región. Con elecciones autonómicas a la vista, cualquier cambio en la gestión del suelo puede tener un impacto directo en la agenda electoral.
