La secretaria de Estado de Derechos Sociales defiende un consenso parlamentario que amplía derechos y financiación, pero advierte: el desafío real son las listas de espera y la atracción de profesionales
Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha cerrado este miércoles en el Congreso la reforma más ambiciosa en dos décadas para las leyes de dependencia y discapacidad, con un paquete de 7.000 millones de euros para 2026 y 2027 y el rechazo explícito a enmiendas del PP y Junts que buscaban retroceder en educación inclusiva. La ley, aprobada con amplio consenso parlamentario, actualiza un sistema de 20 años de antigüedad y prioriza el envejecimiento en el domicilio, pero deja en manos de las comunidades autónomas y agentes sociales la mejora salarial de los profesionales, un sector que requerirá 600.000 nuevos trabajadores para 2030.
Martínez, exdiputada de Ecuo y coordinadora de Sumar desde julio de 2024, subrayó en una entrevista a 20minutos que la reforma es solo el «punto de partida»: cuidar es una experiencia universal, declaró, pero advirtió que España invierte un 1,3% del PIB en cuidados —lejos del 1,6% de la OCDE o el 2% de los países nórdicos—. El 50% de la financiación correrá a cargo del Estado, pero el desafío sigue siendo reducir las listas de espera: en los primeros cinco meses de 2026, 13.503 personas fallecieron esperando una prestación.
La ley también reconoce por primera vez a las cuidadoras no profesionales —en su mayoría mujeres—, aunque Martínez aclaró que se trata de casos extremos de alta complejidad, no de equiparar su labor a la de los servicios profesionales. Mientras, el PP y Junts vetaron enmiendas avaladas por el Senado, como la que pretendía eliminar la prioridad de la educación inclusiva frente a la especial, una medida que la secretaria de Estado calificó de «contraria al espíritu de la ley y a la demanda de los colectivos».
La reforma, impulsada desde la cartera de Pablo Bustinduy, responde a un compromiso de Sumar en el acuerdo de coalición con el PSOE. Martínez, que asumió en julio la co-coordinación del partido junto a Verónica Martínez Barbero, evitó adelantar movimientos internos, pero insistió en que las novedades se conocerán en las próximas semanas. El reto ahora es articular la financiación adicional con las comunidades autónomas y evitar que el aumento de prestaciones colapse un sistema ya saturado.
El consenso parlamentario que esquivó el retroceso educativo
La tramitación de la ley en el Congreso reveló las grietas del consenso. Mientras el texto final logró apoyo transversal —incluido el de PP y Vox en aspectos puntuales—, las enmiendas rechazadas delataron tensiones ideológicas. La más polémica fue la del PP para modificar la LOMLOE y eliminar la prioridad de la educación inclusiva, una medida que Martínez tachó de «visión contraria al espíritu de la ley». El Ministerio de Educación, por su parte, trabaja en un Plan de Educación Inclusiva que podría mitigar el impacto de estos retrocesos.
El rechazo a estas enmiendas no fue absoluto: Junts y el PP lograron bloquear otras propuestas, como la que buscaba ampliar la cobertura de la ley a personas con discapacidad intelectual grave. Sin embargo, el núcleo duro de la reforma —financiación adicional, simplificación administrativa y reconocimiento de las cuidadoras no profesionales— se mantuvo intacto. «El trabajo en la ponencia permitió un texto con amplio consenso», defendió Martínez, aunque reconoció que «siempre se puede invertir más en protección social».
La clave del acuerdo estuvo en la flexibilidad del sistema: la nueva ley permite adaptar los servicios a las necesidades individuales, algo crucial en un país donde el 20% de la población mayor de 65 años requiere cuidados. Pero la financiación —7.000 millones en dos años— es solo el primer paso. «En los próximos años veremos el impacto», advirtió Martínez, quien recordó que el sistema de dependencia enfrenta un desafío demográfico: para 2030, el 30% de los españoles tendrá más de 65 años.
El déficit de profesionales: un problema europeo sin solución rápida
El mayor escollo de la reforma no es económico, sino humano. Las previsiones del Ministerio calculan que España necesitará entre 260.000 y 600.000 cuidadores adicionales para 2030, una cifra que Martínez comparó con el déficit de profesionales en toda Europa. «Faltan cuidadoras, y no solo en España», reconoció, señalando que la solución pasa por tres ejes: mejorar las condiciones laborales —salarios, horarios, prevención de riesgos—, impulsar la negociación colectiva con los agentes sociales y, sobre todo, «valorizar este trabajo como sociedad».
El problema es estructural: el sector de los cuidados en España depende en un 70% de mujeres —muchas de ellas migrantes— con contratos precarios. La reforma incluye medidas para mejorar sus condiciones, pero su aplicación dependerá de las comunidades autónomas, que gestionan el 50% de la financiación. Martínez hizo un llamamiento directo a los gobiernos autonómicos: «Tenemos que involucrarnos todos».
Mientras, los sindicatos ya han alertado sobre el riesgo de que el reconocimiento de las cuidadoras no profesionales —aquellas que asumen cuidados sin remuneración— termine equiparando su labor a la de los servicios profesionales. Martínez aclaró que se trata de casos extremos de alta complejidad, pero no descartó que la ley genere tensiones en un sector ya fragmentado. «No es lo mismo cuidar a una persona con necesidades básicas que a otra con dependencia severa», matizó, aunque admitió que la distinción no siempre es clara.
Las listas de espera: el termómetro de una reforma incompleta
El dato más crudo de la reforma es el que no aparece en los discursos políticos: 13.503 personas fallecieron en los primeros cinco meses de 2026 esperando una prestación por dependencia. Martínez reconoció que la ley y el aumento de financiación «deberían reducir estas listas», pero advirtió que el efecto no será inmediato. «Simplificamos procesos administrativos y destinamos más recursos, pero el impacto real tardará», explicó.
El problema es doble: por un lado, la burocracia autonómica —cada comunidad gestiona sus propios criterios de acceso—; por otro, la falta de infraestructuras. «No se trata solo de dinero, sino de coordinación entre administraciones», señaló. La secretaria de Estado evitó dar plazos, pero dejó claro que el objetivo es «atender a más personas, mejor y más rápido».
Mientras, las asociaciones de discapacidad y dependencia celebran la reforma, aunque con matices. Organismos como Plena Inclusión o la Confederación Española de Personas con Discapacidad (COCEME) han destacado la ampliación de derechos, pero exigen que la financiación adicional no se diluya en gastos corrientes. «Es un avance, pero insuficiente», advirtió una fuente de COCEME, quien recordó que España es el país de la UE con mayor tasa de pobreza entre personas con discapacidad.
¿Qué se juega Sumar en un partido sin candidato y con elecciones a la vista?
Martínez asumió en julio la co-coordinación de Sumar junto a Verónica Martínez Barbero, en un momento clave: el partido aún no tiene candidato para las próximas elecciones generales y su unidad interna se resiente. En la entrevista, evitó hablar de movimientos internos, pero dejó entrever que las decisiones se tomarán en las próximas semanas.
El contexto es delicado: Sumar integra a Podemos, IU, Más Madrid y Comuns, pero su liderazgo sigue fragmentado. Martínez, que fue diputada de Ecuo y coordinadora parlamentaria en el País Vasco, representa el ala más institucional del partido, pero su papel como secretaria de Estado —nombrada por Pablo Bustinduy— también le da peso en la negociación con el PSOE.
La reforma de dependencia y discapacidad es un acierto político para Sumar: demuestra capacidad de consenso en un área tradicionalmente conflictiva y refuerza su imagen como partido de derechos sociales. Pero el desafío real está en la calle: sin candidato claro y con un electorado disperso, el partido debe decidir si apuesta por figuras como Yolanda Díaz —su referente histórico— o por perfiles más jóvenes, como Irene Montero o Pablo Echenique. Martínez transmitió tranquilidad, pero el tiempo se agota: las elecciones podrían celebrarse antes de 2027.
Mientras, el PP y Vox ya han comenzado a criticar la reforma. El primero la tacha de «costosa y poco eficiente»; el segundo, de «excesivamente generosa». Martínez respondió con datos: «Estamos invirtiendo más que nunca, pero seguimos por debajo de la media europea». El debate, en cualquier caso, está servido: ¿es suficiente con 7.000 millones, o España necesita un giro copernicano en su modelo de cuidados?
