La reforma sale adelante con el veto del Gobierno a ampliar la prestación CUME sin límite de edad, criticado por PP, Junts, ERC y Podemos
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. La votación ha dejado fuera las principales enmiendas que el PP incorporó en el Senado y que habían sido acordadas con algunos grupos. La norma amplía los servicios y prestaciones para dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y las circunstancias de cada persona y agiliza los trámites para reconocer su situación.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido que la reforma supone una «refundación del modelo de cuidados en España». Bustinduy ha recordado que el real decreto de financiación convalidado en el Parlamento en julio ha permitido a las comunidades recibir más de 517 millones de euros adicionales solo en dos meses. Entre 2026 y 2027, el total será de 6.200 millones de euros más. «Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028», ha aseverado el ministro.
El rechazo a algunas enmiendas del Senado ha marcado el debate. Los grupos que las habían consensuado criticaron que el Gobierno vetara varias, impidiendo su votación en esta fase final. Entre las bloqueadas está la de ampliar sin límite de edad la prestación CUME, que reciben los padres con hijos con cáncer o enfermedades graves y que actualmente llega hasta los 26 años. Sí se han incorporado otras enmiendas del Senado sobre la CUME, para simplificar y agilizar su resolución. También se han incluido medidas para proteger a los trabajadores autónomos en la prórroga del permiso y para que la escolarización no sea causa automática de pérdida de prestaciones.
El choque por el veto a la prestación CUME
La diputada del PP Violante Tomás ha cifrado en 45 las enmiendas que su partido aprobó en el Senado «para mejorar la vida de las personas, eliminar barreras y reducir impuestos». Tomás ha calificado el veto de «inconstitucional» y ha denunciado «la cobardía de impedir el debate que había puesto de acuerdo a muchos grupos». La diputada popular ha preguntado quién financiará esos derechos cuando el Gobierno no ha aprobado presupuestos.
La socialista Inés Plaza ha reprochado al PP que se negara a negociar durante la tramitación en el Congreso y que en el Senado quisiera «darle la vuelta como un calcetín» a la ley. Plaza ha defendido que el Gobierno ya negocia con las familias la ampliación de la CUME. A su juicio, algunas enmiendas del Senado «ponen en peligro la educación inclusiva» y segregan a los niños con discapacidad.
El apoyo a la norma ha llegado con condiciones desde varios grupos. Jordi Salvador i Duch, del Grupo Republicano, ha confirmado su voto favorable pero ha advertido: «No es un aplauso del todo, si no a medias, con memoria, condiciones y vigilancia». Salvador ha añadido que el veto supone «un hurto a la representación directa del pueblo» y ha subrayado que «la CUME no es de ningún partido». Desde Junts, Pilar Calvo ha criticado el veto a las enmiendas para flexibilizar la CUME, eliminar el copago en pacientes de ELA y reducir el IVA en productos para personas con discapacidad.
Marijé Fullaondo, de EH Bildu, ha resumido el malestar: «Le falta valentía, pero incorpora avances que mejoran la vida de miles de familias». Fullaondo ha señalado que quedan pendientes la retroactividad de las prestaciones y la exención completa del copago. Nerea Rentería, del Grupo Vasco, ha justificado su apoyo porque la ley adapta la legislación al artículo 49 de la Constitución, aunque ha criticado un veto que «ignora lo acordado». Noemí Santana, de Podemos, ha puesto el foco en la financiación: «Un derecho no es real si la financiación no llega a tiempo y si depende de si vives en un lugar o en otro».
Desde el BNG, Néstor Rego ha considerado la aprobación «una buena noticia» por las medidas que pueden mejorar la calidad de vida de dependientes y personas con discapacidad. Rego ha reclamado recursos para que la ley «no sea papel mojado». El diputado de Sumar Lander Martínez Hierro ha destacado que la norma ponga el foco en la persona y respete su voluntad sobre dónde quiere vivir y qué apoyos necesita. Por Vox, Juan José Aizcorbe ha insistido en que cualquier norma debe dar prioridad a los españoles.
Concentración frente al Congreso y siguiente paso
Coincidiendo con el debate, varios cientos de personas se han concentrado frente al Congreso. La convocatoria ha corrido a cargo de la asociación Asfacume. Los manifestantes reclaman cambios en la prestación CUME, con la que los progenitores pueden reducir su jornada a partir de un 50 % para cuidar a menores con cáncer u otras enfermedades graves. La protesta coloca el foco en el colectivo directamente afectado por una de las enmiendas vetadas.
La reforma llega después de que el PP y Vox votaran en contra en el Congreso y luego aprobaran enmiendas en el Senado, un giro que Bustinduy ha recordado sin entrar «en un choque» con ninguno de los dos partidos. El ministro ha rehusado confrontar con el PP, que a su juicio no quiso negociar la ley en la Cámara Alta, ni con Vox, al que ha reprochado ese cambio de posición entre cámaras. La norma queda aprobada definitivamente y su aplicación dependerá ahora de que las comunidades autónomas desplieguen los servicios y las prestaciones ampliadas.
El texto adapta la legislación al artículo 49 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a proteger los derechos de las personas con discapacidad. La reforma también responde a una reivindicación sostenida de las familias afectadas, que llevan años pidiendo que la prestación CUME no se extinga al cumplir los 26 años. El veto a esa ampliación deja abierto el conflicto entre el Gobierno y los grupos que la respaldaban, mientras el Ejecutivo mantiene abierta la negociación con las familias para ampliarla por otra vía.
