El Ejecutivo busca aprobar el próximo martes un real decreto-ley con la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, pero necesita los votos de Junts y Podemos, con exigencias fiscales contrapuestas.
El Gobierno ha recuperado el contacto con Junts para intentar aprobar el próximo martes, en la reunión del Consejo de Ministros, un real decreto-ley de vivienda con medidas urgentes para afrontar la emergencia residencial. Entre esas medidas está la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. La aprobación depende de que se alcance un acuerdo con todos los socios de la investidura, según ha podido saber La Vanguardia. El partido de Carles Puigdemont había dado por muerta la legislatura y pedía elecciones.
El Ejecutivo necesita tanto los votos de Podemos como los de Junts. Las peticiones de Junts para dar su plácet se basan en desgravaciones fiscales. Esa exigencia choca con los morados, contrarios por lo general a las rebajas de impuestos. El sudoku no es fácil de resolver para el Gobierno.
Las medidas fiscales que exige Junts
Junts parte de la idea de que las tendencias inflacionistas impactan negativamente en la renta disponible de los hogares. A la vez, la inflación incrementa de manera relevante la recaudación de impuestos del Estado. Según su diagnóstico, los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios se empobrecen al ver reducida su renta disponible, mientras la hacienda pública no para de incrementar sus ingresos. Para corregir esta situación, Junts propone medidas fiscales «excepcionales y de carácter temporal», destinadas también a garantizar el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual. Estas son las medidas que propone a la espera de una respuesta del Ejecutivo.
La primera es una deducción del 15% de los gastos de adquisición de vivienda habitual, amortización, intereses y gastos derivados de préstamos hipotecarios formalizados para esta finalidad. Incluye las viviendas destinadas a arrendamiento como vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente. Cada contribuyente solo podrá aplicar esta deducción respecto de un único inmueble, con independencia del número de préstamos de los que sea titular. En el caso de viviendas destinadas a arrendamiento, deberán estar efectivamente arrendadas como vivienda habitual durante todo el período impositivo. Quedan excluidas las formas de arrendamiento de temporada, turísticas o asimilables.
La segunda es una deducción también del 15%, con una base máxima anual de 11.630 euros, sobre las cantidades depositadas en cuentas bancarias específicas destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. Las cantidades deberán destinarse a esta finalidad en un plazo máximo de cuatro años desde la apertura de la cuenta. En caso contrario, se perderá el derecho a la deducción y se deberá regularizar la situación tributaria en los términos previstos en la normativa del impuesto. Cada contribuyente solo podrá ser titular de una única cuenta con esta finalidad.
La tercera es una deducción del 15%, con una base máxima anual de 11.630 euros, sobre el pago del alquiler de vivienda habitual cuando la base imponible del contribuyente sea igual o inferior a 33.007,20 euros. La base de la deducción estará constituida exclusivamente por las cantidades satisfechas en concepto de renta, excluyendo cualquier otro concepto diferente de la renta contractual.
Además, Junts propone que los mayores de 65 años que vendan su casa para ir a una residencia no tengan que pagar el IRPF como si la vendieran para ganar dinero, sino como venta de vivienda habitual. También plantea un nuevo artículo en el Código Civil para que una familia pueda cancelar la hipoteca de su vivienda si el banco la vende a otro banco por importe inferior al que queda pendiente de liquidar. Y añade la suspensión de los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre, así como la prohibición de que estos fondos compren más viviendas.
El desahucio de Maricarmen y la emergencia residencial
El dramático desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado un fuerte movimiento de fondo en la política española. Ese caso ha llevado al Gobierno a recuperar el contacto con Junts, un partido que había dado por muerta la legislatura y pedía elecciones. La paralización de los desahucios sin alternativa habitacional es una de las medidas urgentes que el Ejecutivo quiere incluir en el real decreto-ley para afrontar la emergencia residencial.
La negociación con Junts no es la única que el Gobierno debe cerrar. Podemos también es un socio necesario para la investidura, y su rechazo a las rebajas fiscales complica el acuerdo. Los morados son contrarios por lo general a ese tipo de medidas, mientras Junts las plantea como condición para dar su plácet. El Ejecutivo necesita ambos votos para sacar adelante el decreto.
La aprobación está prevista para la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes, siempre que se alcance un acuerdo con todos los socios de la investidura. Si no se logra, el real decreto-ley de vivienda no saldría adelante en esa fecha. El Gobierno ha recuperado el contacto con Junts después de que el partido independentista hubiera dado por muerta la legislatura y pedido elecciones.
