El PSOE cambia de postura y los independentistas ceden en protección a inquilinos vulnerables, pero solo para casos concretos
El Ministerio de Vivienda negocia con Junts dos medidas clave para el decreto que el Gobierno planea aprobar el próximo martes: prohibir a fondos de inversión comprar viviendas y limitar desahucios solo a inquilinos vulnerables en pisos de estas empresas.
Ambas propuestas representan un giro para ambas partes: el PSOE, que hace semanas se abstuvo en el Congreso en una proposición de ley de Sumar para prohibir compras a fondos buitre, y Junts, que en enero rechazó renovar el escudo antidesahucios vigente desde la pandemia —algo que el Gobierno intentó sin éxito recortar para excluir a propietarios con pocas viviendas.
La fórmula actual busca equilibrar la protección social con la seguridad jurídica: los desahucios de inquilinos vulnerables en viviendas de fondos se paralizarían hasta que la administración ofrezca una alternativa, pero serían los ayuntamientos —no los propietarios— quienes asumirían los gastos de alquiler durante el proceso.
El parque afectado es minoritario: el 90% de los alquileres en España los gestionan particulares, según datos del Ministerio. La medida, sin embargo, marca un precedente político: Junts acepta por primera vez en meses flexibilizar su postura frente a los desahucios, aunque solo para casos concretos y con garantías para los propietarios.
El decreto, en tramitación acelerada, dependerá ahora de que Junts —clave para la aprobación— acepte el texto final. El PSOE, por su parte, ya ha dado el primer paso al alinearse con la prohibición a fondos, aunque sin incluir a grandes tenedores privados como exigía Sumar.
La propuesta de Junts también contempla una solución intermedia para la “inquiokupación”, donde los desalojos de familias vulnerables de inmuebles de particulares se suspenderían hasta que la administración proporcione una alternativa, con el Estado cubriendo los gastos de alquiler durante el proceso.
