El órgano consultivo del Ministerio de Migraciones acusa al Supremo de congelar derechos electorales sin condena y cuestiona sus premisas sobre riesgo de fraude
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central para impugnar la decisión del Tribunal Supremo que limita el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados por el franquismo, una medida que considera una «discriminación directa por lugar de residencia».
Según el escrito del 24 de septiembre de 2026, el Alto Tribunal aplica medidas cautelares que afectan solo a quienes residen en el extranjero, mientras que los nacionalizados en España conservan intactos sus derechos. El CGCEE alerta de que esta distinción vulnera la igualdad y estigmatiza a más de tres millones de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática.
El organismo recuerda que la Constitución y la ley electoral solo permiten privar del voto mediante sentencia penal firme, algo que no ocurre en este caso. Además, desmonta la tesis del Supremo sobre un supuesto riesgo de alteración electoral: el censo exterior crece por tendencias históricas (mayoría de edad o traslados desde España), no por la ley de nietos, y su participación es históricamente baja.
El CGCEE también critica que las medidas se aplican sin audiencia previa ni defensa para los afectados, suspendiendo *de facto* un derecho constitucional. Su escrito exige la revisión de las premisas fácticas del Supremo, como la idea de un «volcado automático» de nacionalizados al censo exterior, algo que depende de un trámite voluntario.
El Consejo General está adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y representa a los españoles en el exterior. Su denuncia llega en un contexto de tensiones políticas por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha generado disputas entre el Gobierno, la oposición y el poder judicial.
El CGCEE señala que muchos beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática no completan el trámite de alta en el Registro de Matrícula Consular, por lo que su derecho al voto no se activa automáticamente, contrarrestando la idea de un «volcado automático».
El organismo solicita que la Junta Electoral Central revoque las medidas cautelares y garantice el acceso al sufragio a los ciudadanos que, aunque hayan obtenido la nacionalidad, no hayan sido incluidos en el censo de residentes.
