Catorce acusados, entre ellos un exdiputado del PSOE y un general de la Guardia Civil, responderán por sobornos en contratos públicos en Canarias
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el juicio oral contra catorce personas por una trama de corrupción que operó entre 2020 y 2021 en Canarias y Madrid. Entre los encausados figuran el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo —conocido como *Tito Berni*— y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, ambos vinculados a sobornos en adjudicaciones públicas.
La instrucción, que concluyó en febrero de 2026, acusa a los implicados de delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal. El fiscal solicita penas de hasta **13 años de prisión** para Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias *El Mediador*, considerado el cerebro de la red, y entre **8 y 11 años** para Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería. El general Espinosa afronta una petición de **2 años** por su presunta participación.
La trama, que involucró a empresarios y cargos públicos intermedios, se centró en la obtención irregular de contratos, subvenciones y la paralización de sanciones a cambio de pagos y regalos. La investigación reveló que Fuentes Curbelo recibió en su despacho del Congreso a varios de los empresarios implicados, mientras que en el domicilio del general Espinosa se hallaron **61.110 euros en efectivo** ocultos en una caja de zapatos.
Este juicio se suma a otro ya celebrado en 2026, donde se condenó a Espinosa y al empresario Antonio Bautista a **9 meses de prisión** por sobornos en el sector fotovoltaico. La Fiscalía insiste en que la red actuó de forma sistemática, degradando los circuitos de contratación pública en las islas.
El caso, conocido como *Caso Mediador*, expone un entramado de favores entre política, administración y sector privado en Canarias, donde la investigación sitúa a Fuentes Curbelo y Espinosa como figuras clave. El juicio oral comenzará en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La apertura del juicio fue ordenada por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo, quien fijó la fecha de inicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Esta decisión forma parte de una macroinstrucción que, en febrero de 2026, culminó con la procesión de 23 personas, de las cuales catorce fueron llevadas a la sala penal.
