La justicia ecuatoriana confirma sobornos de 76 millones de dólares a su familia para favorecer a la empresa china Sinohydro en el proyecto más grande del país
Lenín Moreno, ex presidente de Ecuador (2017-2021), ha sido declarado culpable por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de cohecho en relación con la adjudicación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el proyecto energético más grande del país. La sentencia confirma que recibió sobornos de la empresa estatal china Sinohydro a través de consultorías ficticias y transferencias bancarias vinculadas a su círculo familiar.
Según la Fiscalía, Moreno —que ocupó el cargo de vicepresidente entre 2007 y 2013 durante el gobierno de Rafael Correa— intervino en un ámbito ajeno a sus competencias para asegurar la financiación del proyecto, a cambio de beneficios económicos no justificados para su esposa, Judith González, su hija Irina Moreno y sus hermanos. Los fiscales estiman que Sinohydro pagó más de 76 millones de dólares (65,6 millones de euros) en sobornos, incluyendo más de 1 millón de dólares (860.000 euros) directamente a Moreno y su familia.
La condena incluye una pena de 6 años y 6 meses de prisión, además de inhabilitación, para Moreno y otros 19 implicados, entre ellos su esposa y su hija. El juicio, iniciado en mayo de 2026, se centró en pagos realizados entre 2009 y 2018 mediante empresas pantalla y transferencias opacas.
Moreno ha negado cualquier participación directa en los sobornos y ha acusado a Correa y a su entonces vicepresidente Jorge Glas de ser los responsables de la adjudicación del contrato a Sinohydro. En declaraciones a la prensa tras la sentencia, Moreno insistió en que «no recibió un solo centavo» de la empresa china y que su intervención se limitó a un período en el que Glas —ahora condenado por corrupción— gestionó la obra.
Rafael Correa, ex presidente y mentor político de Moreno, respondió a través de sus redes sociales calificándolo de «delincuente» y «sinvergüenza». En un mensaje publicado tras conocerse la condena, Correa cuestionó la credibilidad de las pruebas y acusó a Moreno de contar con «amigos mediáticos y poderes fácticos» a su favor.
El contexto de la trama: cómo se financió el proyecto más grande de Ecuador
La central Coca Codo Sinclair, ubicada en la provincia de Napo, es clave para el suministro eléctrico de Ecuador, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios. Su construcción, adjudicada en 2009, generó sospechas desde el inicio por el alto costo —1.600 millones de dólares— y las irregularidades en el proceso de licitación. La Fiscalía argumentó que el contrato se otorgó sin competencia internacional, a pesar de que el Banco Mundial y otros organismos habían advertido sobre riesgos de corrupción.
El caso forma parte de una red más amplia de corrupción vinculada al gobierno de Correa, que ya ha derivado en condenas para otros altos cargos, como Glas, condenado en 2023 a 8 años de prisión por cohecho y asociación ilícita. La investigación reveló que los pagos a Moreno y su familia se camuflaron bajo contratos con empresas fantasmas y consultorías sin actividad real, un patrón recurrente en casos de corrupción en América Latina.
Implicaciones políticas: un golpe a la estabilidad institucional en Ecuador
La condena a Moreno —quien regresó a Ecuador en mayo de 2026 para declarar ante la justicia tras años en el exilio— marca un punto de inflexión en la lucha anticorrupción del país. Su caso se suma a otros escándalos que han erosionado la confianza en las instituciones, como el Caso Sobornos, que involucró a empresas españolas y brasileñas en pagos ilegales a funcionarios ecuatorianos.
Para el actual gobierno de Daniel Noboa, la sentencia podría servir como un símbolo de su compromiso con la transparencia, aunque analistas advierten sobre la fragilidad de estos avances en un contexto de alta polarización política. La oposición, por su parte, ha criticado la lentitud de las investigaciones y la falta de condenas contra otros implicados en el caso, como Correa, quien sigue en el exilio y evita responder ante la justicia ecuatoriana.
El proceso judicial también ha reavivado tensiones entre Moreno y Correa, dos figuras clave en la política ecuatoriana de las últimas dos décadas. Mientras el primero apela a su condición de víctima de una «caza de brujas», el segundo lo ha señalado como un «traidor» que buscó beneficiarse del poder. Esta ruptura pública podría influir en las alianzas políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2027.
La sentencia, sin embargo, no cierra el caso. La Fiscalía aún investiga otros pagos vinculados a la obra, incluyendo posibles sobornos a otros funcionarios y empresarios. Mientras tanto, Sinohydro —empresa estatal china— no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, aunque fuentes cercanas al gobierno ecuatoriano han sugerido que podría enfrentar sanciones por su participación en el esquema.
