El tribunal también sentenció al exagente Leandro Berrones a 13 años y al israelí Sheinman Oren a dos años y ocho meses por la trama de venta irregular de 21.000 test durante la emergencia sanitaria de 2020.
Un tribunal de Ecuador condenó este miércoles a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo por delincuencia organizada. La sentencia se refiere a la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020. Los jueces aceptaron la tesis de la fiscal del caso, que en mayo pasado había pedido condena contra los cuatro procesados.
Además de Bucaram y su hijo, condenados como colaboradores, fueron sentenciados un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito identificado como Leandro Berrones, con 13 años y cuatro meses de cárcel, y el ciudadano israelí Sheinman Oren, con dos años y ocho meses de prisión por colaborar con la justicia. El tribunal ordenó que Bucaram y su hijo paguen una multa de unos 9.640 dólares.
La fiscalía acusó a los cuatro de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos». Esa estructura comercializó unas 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Según el Ministerio Público, las pruebas se vendían en varias provincias del país «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado».
La investigación fiscal sostiene que dos israelíes, Oren y otro asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, movilizaron las pruebas bajo custodia de agentes de la oficina de tránsito de Quito hacia la casa del exmandatario. Bucaram «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras», según la acusación. Algunos implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para poder desplazarse.
La detención tras el alta hospitalaria en Guayaquil
El expresidente permaneció internado en un hospital del norte de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y donde reside, desde la semana pasada. Los jueces habían ordenado su detención en el momento en que recibiera el alta médica. Este miércoles, cuando el hospital autorizó su salida, el tribunal fue notificado. Bucaram fue conectado por videollamada y con vigilancia policial para notificarle la decisión.
Las tres últimas veces, los magistrados declararon fallida la diligencia porque Bucaram fue operado de emergencia por problemas cardíacos y volvió a ingresar a unidades de cuidados intensivos en otros hospitales los días de las convocatorias judiciales. Según sus abogados, no se había podido recuperar de la intervención.
El regreso del expresidente tras dos décadas de exilio
Bucaram estuvo exiliado durante dos décadas en Panamá y regresó a Ecuador en 2017, cuando prescribieron los delitos de presunta corrupción por los que era requerido por la justicia ecuatoriana. Ese retorno coincidió con el final del mandato de Rafael Correa y el inicio de la presidencia de Lenín Moreno, un periodo en el que la justicia ecuatoriana reactivó varias causas contra antiguos cargos públicos.
En este caso, dos agentes de tránsito que eran escoltas de seguridad presidencial ya fueron sentenciados y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados. La sentencia de este miércoles cierra una de las causas abiertas por la gestión de la emergencia sanitaria en Ecuador, un país donde la compra de insumos médicos durante la pandemia derivó en varias investigaciones por sobreprecio y contratación irregular.
La condena contra Bucaram y su hijo se produce en un contexto en el que la justicia ecuatoriana ha procesado a varios exfuncionarios por el manejo de recursos públicos durante la pandemia. La figura del expresidente, que gobernó entre 1996 y 1997, ha estado marcada por una prolongada batalla judicial que lo mantuvo fuera del país durante dos décadas. Su retorno en 2017 no puso fin a sus problemas legales, y esta causa por delincuencia organizada se suma a otros procesos que han mantenido su nombre en la agenda judicial. La decisión de este miércoles también alcanza a su hijo Jacobo, lo que refuerza el carácter familiar de la trama investigada por la fiscalía.
El tribunal dispuso además que la notificación se realizara de forma telemática debido a la condición médica del exmandatario, quien permanece bajo custodia policial desde que recibió el alta. La defensa de Bucaram ha sostenido en reiteradas ocasiones que su estado de salud es delicado, lo que ha dificultado su comparecencia física en las audiencias. Con esta sentencia, el caso entra en una nueva fase en la que los condenados podrán presentar recursos ante instancias superiores, mientras la fiscalía celebra una decisión que considera un golpe a las estructuras que lucraron con la emergencia sanitaria.
