El expresidente ecuatoriano alega que el juez ponente lo odiaba y llevará el caso a la CIDH tras ser condenado junto a su hijo Jacobo
El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram anunció este jueves que pedirá la anulación del juicio que lo condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por la comercialización irregular de pruebas covid-19. Lo hizo en una rueda de prensa en su casa de Guayaquil, un día después de conocer el fallo, y sostuvo que en su caso «no hay delito». «Aquí no hay delito. Nunca lo hubo», afirmó.
La condena, dictada la noche del miércoles, alcanza también a su hijo Jacobo, con los mismos años de prisión, y a otras dos personas, todas por delincuencia organizada. Los jueces aceptaron la tesis de la Fiscalía, que los acusó de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de 21.000 pruebas de detección de la covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
Según el relato de la Fiscalía, las pruebas se trasladaron bajo custodia de agentes de la oficina de tránsito de Quito hasta la casa del exmandatario, quien también almacenó mascarillas y lancetas para la toma de muestras. Después se vendían en varias provincias del país «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado». Bucaram calificó el fallo de «ridículo» y defendió que todo fue un «acuerdo entre privados» por 60.000 dólares, del que, según él, no tenían obligación de mostrar facturas.
El exgobernante centró parte de su defensa en el juez ponente del tribunal, a quien acusó de tener «odio» contra él y de deber haberse excusado por esa falta de imparcialidad. Mostró publicaciones en la red social X que atribuyó al magistrado, en las que supuestamente se refiere de forma despectiva a él y a su familia. «Tendrán que anular el proceso y comenzar de cero de nuevo», añadió.
Bucaram también denunció un «exceso de parte del poder judicial» y dijo que intimidaron a los tres hospitales en los que estuvo internado desde el 25 de agosto hasta la noche del miércoles, cuando los jueces pretendían anunciar la sentencia. Los magistrados ordenaron su detención para que escuchara el fallo y, al autorizar el hospital su salida, lo conectaron virtualmente a la diligencia desde el centro médico.
Con sus abogados esperará la notificación escrita de la sentencia y después la apelará. Además, enviarán la condena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya analiza una denuncia suya por su destitución como presidente en 1997. Anunció que buscará reactivar su partido político, aunque no se candidatizará, y que ni él ni su hijo saldrán del país.
