El presidente vincula el desahucio de Maricarmen a la falta de acción de las administraciones y anuncia envío al Parlamento de un nuevo real decreto sin fecha concreta
Pedro Sánchez ha acusado este miércoles a las administraciones de Madrid —tanto al Ayuntamiento como al Gobierno autonómico— de priorizar ‘comprar y vender’ con fondos públicos en lugar de proteger a personas vulnerables, mientras anunciaba que el Gobierno enviará ‘de manera urgente’ un nuevo real decreto de vivienda al Parlamento. El presidente del Gobierno vinculó directamente el desahucio de Maricarmen —ocurrido hoy— a la ‘falta de responsabilidad’ institucional, calificándolo de ‘tragedia social’ que ‘no podemos aceptar’.
Sánchez, en rueda de prensa en Nueva York, subrayó que las administraciones competentes en protección social ‘están más preocupadas en comprar y vender con dinero público aticazos de 200 metros con terraza’ que en evitar desahucios. El Gobierno autonómico madrileño y el Ayuntamiento de Madrid no han respondido aún a estas acusaciones, pero el presidente insistió en que el Ejecutivo central actuará con un nuevo decreto ‘para evitar una nueva tragedia’.
El anuncio llega tras el desahucio de Maricarmen, una mujer en situación de vulnerabilidad cuya expulsión de su vivienda ha sido calificada por Sánchez como ‘inaceptable’. El presidente no concretó plazos para el envío del decreto, pero exigió ‘responsabilidad’ y ‘altura de miras’ a los grupos parlamentarios para su convalidación rápida.
El contexto: ¿qué falla en la protección social?
El caso de Maricarmen se suma a otros desahucios recientes que han puesto en evidencia las limitaciones del actual marco legal en materia de vivienda. Según datos del Ministerio de Vivienda, en 2025 se registraron más de 30.000 desahucios por impago de alquiler en España, un 12% más que en 2024. El Gobierno ya aprobó en 2023 un real decreto para ampliar la moratoria de desahucios, pero su aplicación ha sido desigual en las comunidades autónomas, con Madrid y Cataluña como focos de mayor conflictividad.
Las competencias en vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, lo que explica las diferencias en la aplicación de medidas. Mientras algunas regiones, como Andalucía o Valencia, han reforzado los recursos para personas en riesgo de exclusión, otras, como Madrid, han sido criticadas por recortes en políticas sociales. El Gobierno central, aunque no tiene competencias ejecutivas, puede impulsar normativas estatales que obliguen a las autonomías a actuar, como el decreto que Sánchez anunció hoy.
¿Qué se juega cada actor?
Para el PSOE, este episodio refuerza su discurso de defensa de los más vulnerables, especialmente en un año electoral. La presión social por los desahucios podría obligar al Gobierno a acelerar medidas, aunque el riesgo es que la oposición —PP y Vox— acuse al Ejecutivo de improvisación o de no haber actuado antes. El PP, por su parte, podría aprovechar el caso para criticar la gestión autonómica madrileña —donde gobierna Ayuso— y exigir más control estatal.
El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma, gobernados por el PP, podrían verse obligados a justificar su gestión ante la opinión pública. Si el nuevo decreto estatal limita su margen de acción —por ejemplo, imponiendo plazos más cortos para resolver situaciones de vulnerabilidad—, podrían recurrirlo ante los tribunales, alegando invasión de competencias. Sánchez, en cambio, apuesta por una estrategia de presión política: vincular el caso a la falta de acción institucional y exigir una respuesta parlamentaria rápida.
El plazo para que el decreto sea convalidado en el Congreso es de 30 días hábiles, aunque Sánchez no ha especificado cuándo se enviará el texto. Si los grupos parlamentarios no lo apoyan, el Gobierno podría recurrir a un decreto-ley, pero eso requeriría una mayor urgencia y justificación legal.
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