El juez Peinado abre juicio oral a siete días de su jubilación tras denuncia de Manos Limpias por la cátedra en la Complutense
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y su asesora Cristina Álvarez serán juzgadas por un jurado popular el próximo mes por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias vinculados a una cátedra impartida en la Universidad Complutense de Madrid. Así lo decidió el juez Juan Carlos Peinado en un auto el lunes, tras una instrucción de casi dos años y medio iniciada en abril de 2024 por una denuncia del pseudo sindicato Manos Limpias.
El juicio, que será el primero que dirija el juez antes de jubilarse, marca un hito en la justicia española: el jurado popular —compuesto por nueve ciudadanos sorteados— deberá decidir si los hechos son probados y si las acusadas son culpables. Según la ley de 1995, los jurados se eligen entre vecinos de Madrid, mayores de edad, sin discapacidad psíquica o física y con capacidad para ejercer sus derechos políticos. La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora fijar la fecha concreta y designar al juez que presidirá el proceso.
El caso se enmarca en una lista de delitos que el jurado popular puede enjuiciar, como cohecho, fraudes o negociaciones prohibidas a funcionarios, y sigue una tendencia: más del 90% de estos juicios terminan en condena, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La vista oral podría revelar detalles clave sobre cómo se gestionó la cátedra —financiada con fondos públicos— y si hubo uso indebido de influencias políticas. Mientras, el Gobierno evita pronunciarse públicamente sobre el caso.
El procedimiento comenzó en 2024 tras admitirse la denuncia de Manos Limpias, que cuestionó la asignación de la cátedra a Gómez, vinculada al entorno cercano a Sánchez. La instrucción, liderada por Peinado, ha durado 27 meses, un plazo largo incluso para casos complejos. Ahora, el jurado tendrá la última palabra: decidir si los hechos constituyen delito y, en caso afirmativo, qué pena aplicar.
Con treinta días de antelación al inicio de la vista, el magistrado designado ordenará a su secretario que realice un sorteo entre los candidatos a jurado de la lista provincial. Se seleccionarán 36 candidatos por causa, de los cuales se extraerán al azar los nombres de los que comparecerán, con un mínimo de veinte candidatos presentes en la Audiencia Provincial. Los seleccionados recibirán una carta con un cuestionario informativo para verificar sus datos y determinar posibles incapacidades o incompatibilidades antes de la constitución del tribunal.
