La presidenta regional responde a Isabel Rodríguez tras el desahucio de Maricarmen, vecina de Retiro con 70 años en su vivienda
Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno central de «hipocresía» este miércoles tras la venta de viviendas públicas a fondos de inversión, en un mensaje en redes sociales que responde directamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La presidenta de la Comunidad de Madrid cuestionó la coherencia de un Ejecutivo que, según ella, «por ley» se compromete a no vender viviendas a estos fondos, mientras se produce el desahucio de Maricarmen, una anciana de 93 años que vivía desde hacía 70 en una vivienda de renta antigua en el distrito de Retiro.
El conflicto surge tras la adquisición por parte de un fondo buitre de la casa donde residía Maricarmen, en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Rodríguez criticó a Ayuso por facilitar estas operaciones, mientras la presidenta madrileña replicó con un tuit: *»Esta señora, además no sabe que este gobierno, por ley, se ha comprometido a no vender viviendas de la Comunidad a estos fondos»*. Ayuso también ironizó sobre las políticas progresistas de vivienda, preguntando *»a qué hora comienza el reparto de viviendas progresistas, tan solidarios ellos»*.
El caso de Maricarmen se enmarca en una tensión creciente entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por la gestión del parque público de viviendas. Según datos oficiales, la Comunidad de Madrid gestiona más de 100.000 viviendas protegidas, pero en los últimos años ha vendido o cedido en alquiler social un 12% de su patrimonio a fondos privados, una cifra que contrasta con el discurso de Ayuso contra estas prácticas. La ministra Rodríguez, por su parte, ha denunciado en varias ocasiones que la región madrileña prioriza intereses económicos sobre la protección de los arrendatarios vulnerables.
El desahucio de Maricarmen, que pagaba una renta antigua de 120 euros mensuales, ha reavivado el debate sobre la especulación inmobiliaria en Madrid. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya han anunciado movilizaciones para evitar más casos similares, mientras el Gobierno central estudia medidas urgentes para proteger a arrendatarios en situaciones como la de Maricarmen. La respuesta de Ayuso, aunque enfocada en criticar al Ejecutivo, evita mencionar las responsabilidades de su Gobierno en la venta de viviendas públicas a fondos privados, un tema que ya ha sido objeto de informes del Defensor del Pueblo.
El conflicto refleja una división clara entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en materia de vivienda. Mientras Rodríguez apuesta por un modelo de protección social, Ayuso defiende la gestión privada del patrimonio público, aunque sus declaraciones en redes sugieren que incluso su Gobierno tiene limitaciones legales para evitar estas operaciones. El caso de Maricarmen, además, llega en un momento de alta sensibilidad política, con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte y la vivienda como uno de los temas clave en el debate electoral.
