El presidente castellanomanchego reclama reconocimiento europeo para zonas despobladas, igual que propuso el PP hace tres años y el PSOE votó en contra
Emiliano García-Page ha anunciado desde Irlanda que su Gobierno solicitará a la Comisión Europea que 267 municipios de Guadalajara —Molina, Sierra Norte y las Alcarrias— sean reconocidos como zonas poco pobladas, con ayudas fiscales y financiación extra.
La medida repite casi al detalle una resolución que el PP presentó en 2023 en las Cortes de Castilla-La Mancha y que el PSOE rechazó entonces. La propuesta popular, firmada por la entonces portavoz María Dolores Merino, pedía incluir a estas comarcas en el mapa europeo de ayudas 2021-2027, con deducciones y subvenciones del 20% para empresas y autónomos.
El PSOE votó en contra en 2023. Ahora, con Page al frente, el Gobierno regional defiende que estas zonas sufren despoblación similar a Cuenca, Teruel o Soria. Según la Junta, las deducciones actuales ya cuestan a la región 100 millones anuales en ingresos perdidos.
El PP acusa a Page de «hipócrita». Su vicesecretaria, María Patricio, denuncia que el presidente regional «se apropia» de una idea que su partido rechazó hace tres años. La polémica refleja el choque entre dos momentos políticos: la propuesta bloqueada en 2023 y la petición actual, con el mismo objetivo.
La resolución original, vinculada a los debates 10/DG-00279 y 10/DG-00283, fue firmada por la entonces portavoz popular María Dolores Merino y solicitaba que el Gobierno regional realizara las gestiones necesarias para que la Unión Europea reconociera las características de Guadalajara, especialmente del Señorío de Molina y la Sierra Norte. En el expediente parlamentario constaba la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE, lo que evidenció la falta de consenso en la región.
Además, la propuesta del PP no se limitaba al reconocimiento de las comarcas como zonas poco pobladas; también planteaba ayudas para sufragar los gastos de funcionamiento de empresas y autónomos, con un máximo autorizado por la Unión Europea del 20 %. Se buscaba que estos incentivos pudieran beneficiarse tanto a negocios ya instalados como a aquellos que decidieran implantarse en estas zonas, y se pedía que otras comarcas de Castilla-La Mancha con densidades de población similares pudieran acogerse a las mismas ventajas, con programas específicos para evitar desequilibrios territoriales.
