Actualización (28 de septiembre a las 23:24):
El presidente del Gobierno pide un ‘último esfuerzo’ a los partidos para aprobar el texto antes de que el Congreso lo convalide, mientras Illa y Collboni defienden regulaciones que eviten casos como el de la anciana madrileña
Pedro Sánchez anunció este lunes por la noche el envío al Consejo de Ministros del decreto de vivienda para su aprobación definitiva, tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada en Madrid tras 70 años pagando un alquiler en el mismo piso del distrito del Retiro. El presidente del Gobierno, que intervino en la gala de los Premios Vanguardia en Barcelona, calificó la situación como una «cuestión de humanidad» y no ideológica, y pidió a los partidos parlamentarios «un último esfuerzo» para convalidar el texto en el Congreso.
El decreto, que incorpora medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional, se presentará el martes en el Consejo de Ministros. Sánchez insistió en que el Gobierno ha trabajado «con diálogo y capacidad de negociación», incorporando propuestas de distintas formaciones políticas, aunque no detalló su contenido concreto. La urgencia responde al caso de Maricarmen, cuya historia —pagar religiosamente un alquiler durante décadas para acabar en la calle— se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda en España.
La cantante Amaia entregó a Sánchez un cartel con el lema «Decreto Maricarmen» durante la ceremonia, mientras miles de personas se concentraron en los aledaños del Palacio de Congresos de Cataluña, convocadas por el Sindicato de Inquilinas para exigir la aprobación del texto. La movilización, que cortó la Diagonal, refleja la presión social sobre un tema que ya había generado tensiones entre partidos.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vinculó el debate a un «patriotismo solidario y humanista», advirtiendo de que «no puede haber patriotismo sin humanismo». Illa criticó que la palabra patriotismo se use «poco y mal», especialmente cuando se permite que la codicia deje sin hogar a personas como Maricarmen. Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defendió las regulaciones locales del mercado de vivienda, asegurando que un caso como el de Maricarmen «no se podría producir hoy en Barcelona». Según Collboni, las normas de alquiler en la ciudad habrían evitado la subida desproporcionada que enfrentó la anciana madrileña.
El decreto de vivienda: ¿qué hay en juego para los partidos?
El decreto, que Sánchez llevará al Consejo de Ministros el martes, se enmarca en una estrategia del Gobierno para responder a la emergencia habitacional, un tema que ha ganado relevancia tras casos como el de Maricarmen. Aunque el texto aún no ha sido detallado públicamente, fuentes del Ejecutivo confirmaron a The Objective que incluye medidas para frenar desahucios y regular alquileres, aunque sin especificar cifras o plazos concretos.
La convalidación en el Congreso será clave. El Gobierno necesita el apoyo de al menos una parte de la oposición para evitar un rechazo en la Cámara Baja. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no ha reaccionado públicamente al anuncio, pero su partido ha criticado en el pasado las intervenciones del Gobierno en el mercado de vivienda, tachándolas de «intervencionismo». Vox, por su parte, ha exigido la derogación de las regulaciones autonómicas, mientras que formaciones como Sumar o ERC podrían mostrar mayor disposición al diálogo, aunque sin garantías de apoyo explícito.
El caso de Maricarmen ha servido para visibilizar un problema estructural: según datos del Ministerio de Vivienda, más de 300.000 hogares en España están en riesgo de desahucio, una cifra que ha crecido un 15% en el último año. Las comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid, ya han implementado medidas propias, pero el Gobierno busca una solución estatal que unifique criterios y evite disparidades entre territorios.
Urgencia del decreto por crisis de vivienda e inflación
El decreto responde a una crisis de vivienda que se ha agravado con la inflación y la subida de tipos de interés, que han encarecido los préstamos hipotecarios. En 2025, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas al alquiler, pero su impacto ha sido limitado, especialmente para colectivos vulnerables como ancianos o familias monoparentales. El caso de Maricarmen, sin embargo, ha actuado como detonante político.
La Ley de Vivienda de 2023, impulsada por el Ejecutivo, ya incluía medidas para limitar los alquileres en zonas pensionadas, pero su aplicación ha sido desigual. Algunas comunidades, como Cataluña o Madrid, han endurecido sus propias normativas, mientras que otras, como Andalucía o Valencia, han optado por flexibilizar las reglas para atraer inversión. El decreto que ahora se aprueba busca homogeneizar estas medidas y evitar lagunas legales que permitan casos como el de Maricarmen.
El Sindicato de Inquilinas, que ha liderado las protestas, exige no solo la aprobación del decreto, sino también la creación de un fondo público para la rehabilitación de viviendas y la expropiación de pisos vacíos. Su portavoz, Laura García, declaró ante los medios que «el Gobierno tiene la obligación moral y legal de actuar», recordando que España es uno de los países de Europa con mayor tasa de pisos vacíos (más de 3,5 millones, según el INE).
Aprobación y caducidad del decreto antes del 12 de octubre
El decreto será aprobado el martes en el Consejo de Ministros y, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deberá ser convalidado en el Congreso antes del 12 de octubre, fecha límite para evitar su caducidad. Si los partidos no logran un acuerdo, el texto podría ser rechazado, obligando al Gobierno a negociar una nueva versión o recurrir a una ley ordinaria, un proceso más lento.
Mientras, las movilizaciones sociales continúan. El Sindicato de Inquilinas ha anunciado nuevas concentraciones para los próximos días en Madrid y Barcelona, exigiendo no solo la aprobación del decreto, sino también la derogación de la Ley de Vivienda de 2023, que consideran «insuficiente». Por su parte, el PP y Vox han anunciado que presentarán enmiendas para suavizar las medidas, especialmente las que afectan a los propietarios.
El plazo es ajustado, pero el Gobierno confía en que el caso de Maricarmen haya generado suficiente presión social y política como para evitar un rechazo. Sánchez, en su intervención, dejó claro que «proteger vidas y hogares no es una cuestión ideológica, sino de humanidad», una frase que podría servir como argumento final para convencer a los partidos más reacios.
El presidente del Gobierno apela al «sentido de Estado» en los Premios Vanguardia mientras miles de inquilinos protestan en Barcelona
Pedro Sánchez ha lanzado este lunes un llamamiento directo a todas las fuerzas políticas del Congreso para aprobar el decreto de vivienda antes de que finalice la legislatura, citando como ejemplo el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada en Madrid tras 70 años en el mismo piso. El presidente del Gobierno lo hizo durante los Premios Vanguardia en Barcelona, donde también intervinieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, este último defendiendo que casos como el de Maricarmen «no se podrían producir hoy» en Barcelona gracias a las regulaciones locales.
Sánchez vinculó explícitamente el decreto con el caso de Maricarmen, al que calificó de «símbolo de una emergencia habitacional» que el Gobierno ya ha abordado con un real decreto-ley de medidas urgentes. «El verdadero patriotismo pasa por evitar situaciones como esta», declaró, pidiendo a los partidos «aparcar cualquier cálculo político» y actuar con «altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad». La intervención se produjo ante 1.200 asistentes, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull.
Mientras, en los alrededores del Palau de Congresos de Cataluña, miles de inquilinos convocados por el Sindicat de Llogateres cortaron la Diagonal para exigir la aprobación del decreto, en una protesta blindada por los Mossos d’Escuadra. La cantante Amaia, premiada en la gala, entregó a Sánchez un cartel con el lema «Decreto Maricarmen«, reforzando el vínculo entre el caso y la medida legislativa.
El decreto, que el Gobierno ha negociado con otras formaciones, incluye medidas para aliviar la emergencia habitacional, aunque su tramitación en el Congreso se ha visto obstaculizada por las divisiones políticas. Sánchez insistió en que el texto ya incorpora propuestas de distintos partidos, pero advirtió que su aprobación requiere «un último esfuerzo» colectivo.
El caso Maricarmen: el detonante que presiona al Gobierno
El desahucio de Maricarmen, ocurrido recientemente en el distrito madrileño de Retiro, se ha convertido en el símbolo de una crisis de vivienda que el Gobierno atribuye a la especulación y la falta de regulación. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio medio de la vivienda en España ha subido un 4,5% en el último año, con diferencias abismales entre comunidades autónomas. Cataluña y Madrid concentran el 40% de los alquileres más caros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El caso de Maricarmen, que vivía con una renta antigua heredada, ha reavivado el debate sobre los fondos buitre y los desahucios masivos. En 2023, se registraron 22.345 lanzamientos judiciales en España, un 12% más que en 2022, según la Asociación de Registradores de la Propiedad. El Gobierno justifica el decreto como una respuesta a esta tendencia, aunque su eficacia dependerá de su aprobación parlamentaria antes de que finalice el año.
Barcelona vs. Madrid: dos modelos de regulación en conflicto
Mientras Sánchez apelaba al «sentido de Estado», el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defendió en la misma gala las regulaciones locales como ejemplo de éxito. Según datos del Ayuntamiento, el Plan de Vivienda de Barcelona, aprobado en 2021, ha limitado las subidas de alquiler en un 30% en zonas pensionadas, evitando casos como el de Maricarmen. «Con nuestra regulación, una subida como la que sufrió Maricarmen habría sido imposible», aseguró Collboni, destacando que el 60% de los nuevos contratos en la ciudad se rigen por estos límites.
Sin embargo, el modelo barcelonés choca con la realidad de otras regiones, donde la presión inmobiliaria es mayor. En Madrid, por ejemplo, los precios han subido un 6,2% en el último año, según la Comunidad de Madrid, y los desahucios por impago han aumentado un 18% en 2024. El Gobierno central ha intentado armonizar criterios con el decreto, pero su tramitación se ha visto frenada por las reticencias de partidos como Vox y sectores del PP, que exigen separar a los fondos buitre de los pequeños propietarios.
El Gobierno busca legitimidad tras derrota electoral
Para el Gobierno, la aprobación del decreto es una cuestión de legitimidad política, especialmente tras el revés sufrido en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, donde el PP y Vox ganaron terreno con discursos críticos contra la gestión de la vivienda. Sánchez ha intentado desvincular el texto de la polémica, presentándolo como una medida técnica, pero la presión social —como la protesta de Barcelona— obliga a acelerar su aprobación.
El PP, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el decreto, aunque fuentes cercanas al partido han señalado que Feijóo podría condicionar su apoyo a cambios en el tratamiento de los fondos buitre. Vox, en cambio, ha rechazado cualquier medida que no incluya la expropiación de viviendas vacías, una postura que el Gobierno considera inviable legalmente.
En Cataluña, el Govern de Salvador Illa ha mostrado un apoyo condicionado. Illa, que intervino en los Premios Vanguardia, criticó el uso del término «patriotismo» cuando «se practica poco y mal», en alusión a las tensiones con el Gobierno central. Sin embargo, su partido, Junts, ha evitado bloquear el decreto, aunque exige garantías para los propietarios pequeños, un tema que el Gobierno aún no ha resuelto.
La presión social y mediática —amplificada por casos como el de Maricarmen— podría forzar una votación en las próximas semanas. Si el decreto no se aprueba antes de que finalice el año, el Gobierno deberá recurrir a nuevas negociaciones o, en el peor de los casos, a un real decreto-ley sin consenso parlamentario, una opción que podría generar más rechazo político.
