El Ministerio de Vivienda busca salvar un decálogo a 24 horas del Consejo de Ministros mientras los socios discrepan sobre desahucios y fiscalidad
A 24 horas del Consejo de Ministros, el Ministerio de Vivienda negocia contrarreloj un real decreto-ley estructurado en un decálogo de medidas. La falta de consenso parlamentario entre Junts y formaciones situadas a su izquierda, como ERC y Podemos, mantiene la norma en el aire. El texto busca regular materias sensibles sobre el mercado residencial mediante una tramitación de urgencia que requerirá posterior convalidación en el Congreso.
La protección frente a los desahucios concentra los principales desacuerdos entre los socios de investidura. Junts reclama limitar el veto a los lanzamientos a los inmuebles en manos de fondos de inversión. Por el contrario, los grupos de izquierda demandan una prohibición general que cubra a todos los arrendatarios en situación vulnerable, al margen de la tipología del casero.
En el marco de estas conversaciones, las formaciones de izquierda han planteado la expropiación forzosa de 650.000 pisos en posesión de grandes tenedores. El PSOE ha calificado la propuesta de inviable. Los socialistas argumentan que una medida de esa naturaleza equivaldría a una compra pública masiva financiada con fondos del Estado.
El veto a las compras de fondos y el IVA del 21% a pisos turísticos
Pese a la división en materia de desahucios, los grupos han alcanzado entendimientos sustanciales en otros apartados del texto. El paquete incorpora una prohibición directa a los grandes fondos de inversión para la compra de vivienda en el mercado residencial. Asimismo, los socios han pactado gravar los pisos turísticos con un IVA del 21%, con el fin de atajar su proliferación en los centros urbanos.
La contención de las rentas habituales representa otro eje central del decálogo ministerial. La fórmula negociada plantea estabilizar los contratos de alquiler vigentes. Según fuentes del Ejecutivo, esta intervención busca proteger a quienes residen en territorios donde no se aplica la norma estatal frente a subidas de precios en las renovaciones. Dicho mecanismo supondría, en la práctica, una congelación de tarifas en el ámbito municipal.
Frente a esta congelación, Junts condiciona su voto favorable a la inclusión de incentivos para los pequeños propietarios. El grupo catalán pide incorporar desgravaciones en el IRPF y protección legal a los dueños que reduzcan los precios de forma voluntaria. Además, el texto perfila una regulación específica sobre los arrendamientos de temporada para evitar el trasvase abusivo desde los contratos habituales.
El paquete de incentivos a promotores y ayudas a la compra
El esquema fiscal en estudio contempla bonificaciones directas para las personas inquilinas. No obstante, el Ejecutivo rechaza por el momento extender ese escudo fiscal a las familias hipotecadas, una compensación que también figuraba entre las peticiones de Junts durante las conversaciones previas.
Respecto al acceso inicial a la propiedad, el real decreto-ley baraja incorporar ayudas directas a la compra de primera residencia. Este instrumento complementaría el sistema de avales gestionado a través del Instituto de Crédito Oficial. La propuesta del Gobierno se completa con el blindaje indefinido de la titularidad del parque estatal y rebajas del IVA dirigidas a promotores que edifiquen vivienda protegida.
La aprobación del real decreto-ley en el Consejo de Ministros activará un plazo improrrogable de 30 días para su convalidación en el Pleno del Congreso de los Diputados. La composición de la Cámara Baja obliga al Ejecutivo a asegurar el voto favorable de todos los socios de investidura para evitar la derogación de la norma. Cualquier desmarque de las formaciones catalanas o de la izquierda confederal comprometería la estabilidad del plan ministerial.
El caso de Maricarmen, una inquilina que fue desalojada en 2023 por una empresa de fondos de inversión, ha sido citado como ejemplo de la urgencia de la reforma. La medida de protección ante desahucios, que se discute en el decreto, pretende evitar que se repitan situaciones similares, garantizando un marco legal que permita a los arrendatarios recurrir ante la autoridad competente y acceder a ayudas para la reubicación.
Además, el decreto contempla un crédito fiscal de hasta 5.000 euros para propietarios que, de manera voluntaria, reduzcan el precio de sus alquileres en un 10 % o más. Esta medida, que se alinea con la propuesta de Junts, busca incentivar la bajada de precios en el mercado y proteger a los inquilinos más vulnerables, sin afectar la rentabilidad de los pequeños propietarios.
