Las cuatro formaciones de la izquierda exigen aprobar el decreto este martes sin rebajas, mientras Junts y el PSOE negocian apoyos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha relanzado las negociaciones para aprobar el escudo antidesahucios y la prórroga de alquileres tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, que ha movilizado a la sociedad. Las cuatro formaciones de Sumar —Sumar, Comunes, Más Madrid e Izquierda Unida (IU)— exigen su aprobación este martes en el Consejo de Ministros, amenazando con plantarse si no se aprueba.
El decreto, aprobado inicialmente en marzo, pero bloqueado en el Congreso, incluye medidas como la prórroga automática de alquileres hasta 2028, protección contra fondos buitre y regulación de pisos turísticos. Sumar advierte que no aceptará «parches» y reclama al PSOE que no se «ponga de perfil», tras meses de negociaciones fallidas.
El PSOE negocia con Junts para lograr apoyos, pero las exigencias de Puigdemont —como desgravaciones fiscales— chocan con las demandas de la izquierda. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pide «voluntad política» para aprobarlo, mientras el bloque de Yolanda Díaz insiste: «La sociedad no va a aceptar respuestas parciales».
Las movilizaciones por el derecho a la vivienda, previstas para hoy, añaden urgencia al proceso. El texto original, impulsado por un plantón de Sumar en 2025, decayó en su tramitación parlamentaria por falta de apoyos, pero ahora el Gobierno apuesta por cerrar un acuerdo antes de que las protestas escalen.
El decreto, aprobado en marzo tras el plantón de Sumar, contenía la prórroga automática de alquileres hasta 2028 y la protección contra fondos buitre. Sin embargo, el texto decayó en su tramitación parlamentaria por falta de apoyos, lo que llevó al Gobierno a reactivar la negociación.
La confluencia exige al PSOE aprobar la norma el 29 de septiembre mientras Junts y Podemos mantienen posturas opuestas
Sumar amenazó este sábado con plantarse si el Gobierno no aprueba el nuevo decreto de vivienda en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre. La coalición, mediante un comunicado conjunto de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, advirtió de que recurrirá a cualquier vía política e institucional para forzar su tramitación. El colectivo recordó el precedente de hace medio año, cuando sus ministros amagaron con ausentarse de la reunión ministerial para garantizar la prórroga de los alquileres.
El Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones parlamentarias y todavía no confirma si llevará el texto al cónclave del martes. Fuentes gubernamentales indicaron que la decisión final dependerá de los contactos en curso con los grupos del Congreso. La convalidación del texto exige un equilibrio complejo entre Junts y Podemos, dos socios con visiones contrapuestas sobre el mercado del alquiler.
La formación de Carles Puigdemont remitió directamente a Pedro Sánchez una propuesta que incluye incentivos fiscales y desgravaciones para arrendadores. Por el contrario, la formación que lidera Ione Belarra rechaza las ventajas tributarias a los propietarios y reclama una intervención directa de los precios. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistieron en tramitar la iniciativa sin esperar a cerrar una mayoría previa.
El borrador legislativo contempla reforzar la protección de colectivos vulnerables ante los lanzamientos judiciales. Los tribunales deberán pedir a autonomías y ayuntamientos que ofrezcan recursos habitacionales cuando exista un informe social de vulnerabilidad. Si las administraciones no disponen de pisos, el juzgado suspenderá el desalojo hasta encontrar una alternativa razonable. La norma prevé compensaciones autonómicas a pequeños propietarios por rentas impagadas y suministros durante dicha suspensión.
El reciente desalojo de una inquilina en Madrid reavivó el debate parlamentario durante los últimos días. El presidente Pedro Sánchez defendió la utilidad del proyecto para frenar situaciones similares. En cambio, el Partido Popular rechazó la eficacia de la iniciativa al recordar que aquel contrato original databa de 1956.
