La Comisión de Justicia debate este martes la ley que exigirá aval parental y contempla penas de cárcel para directivos de plataformas digitales
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debate este martes la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La iniciativa legislativa plantea prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales que incluyan contenidos lesivos para la infancia y la adolescencia. El texto normativo reactiva su tramitación parlamentaria tras el parón estival con el respaldo inicial de los grupos que sustentan la mayoría de la investidura.
El texto pactado entre el PSOE y Sumar sitúa el foco sancionador y operativo en las grandes tecnológicas. Las plataformas digitales deberán acreditar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sus entornos no integran patrones adictivos. Las compañías tendrán que certificar que protegen la privacidad de los usuarios, evitan la exposición a conductas perjudiciales y facilitan herramientas eficaces contra contactos no deseados. En caso de superar estos filtros regulatorios, los menores de 16 años requerirán además la autorización expresa de sus progenitores o tutores legales para abrir perfiles.
Penas de prisión para directivos y control de algoritmos
El proyecto legislativo incorpora modificaciones de calado en el ámbito penal a través de enmiendas transaccionales. Los socios de la coalición gubernamental han acordado tipificar como delito en el Código Penal la manipulación algorítmica orientada a amplificar contenidos dañinos. Este precepto castigará la difusión inducida de material que incite al suicidio, a la autolesión, al abuso sexual infantil, los montajes sexuales conocidos como deep fakes y los delitos de odio.
La responsabilidad jurídica se extenderá de forma personal a los ejecutivos de las plataformas. Los directivos que tengan conocimiento del impacto perjudicial de sus herramientas algorítmicas y no apliquen medidas correctoras asumirán responsabilidades de índole penal. Asimismo, las empresas que desoigan órdenes judiciales o administrativas dictadas para retirar contenidos ilícitos incurrirán de modo directo en sanciones tipificadas por la vía penal.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió en declaraciones públicas que la normativa busca trasladar el deber de custodia técnica a los administradores de los servicios telemáticos. Rego señaló que el sector no puede continuar operando bajo lo que definió como la ley de la selva y la jungla. La titular ministerial precisó que su departamento prioriza la regulación sobre la prohibición absoluta, aunque justificó fijar restricciones de edad mientras se consolida la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros para familias y se articulan alternativas pedagógicas de acompañamiento.
El debate en la Unión Europea y el precedente de Francia
El avance parlamentario en España coincide temporalmente con iniciativas de contención digital a escala europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el pasado 16 de septiembre una directriz comunitaria para vetar el uso general de redes a menores de 13 años en los veintisiete Estados miembros. La propuesta comunitaria diseña un escalón intermedio entre los 13 y los 15 años sustentado en minicuentos supervisadas por tutores, con limitaciones de configuración operativa impuestas desde el servidor.
El plan europeo contempla que los adolescentes de entre 15 y 18 años accedan mediante sistemas dotados de salvaguardas reforzadas. Von der Leyen fundamentó esta propuesta tras recordar el suicidio en Bélgica de Oléa, una menor de 14 años acosada a través de internet el mes anterior. La dirigente comunitaria subrayó la negativa de las instituciones europeas a tolerar que los desarrollos algorítmicos expongan a menores a dinámicas adictivas y materiales de violencia extrema.
En el ámbito bilateral, el Parlamento de Francia ratificó de forma definitiva durante el verano la prohibición del uso de plataformas sociales para personas menores de 15 años. El marco regulador francés, promovido por la administración de Emmanuel Macron, incorpora un calendario de despliegue paulatino que concluirá el 1 de enero de 2027. La regulación gala añade a este límite digital la proscripción legal de utilizar dispositivos de telefonía móvil dentro de los centros de educación secundaria.
El trámite pendiente en las Cortes Generales
La ponencia en la Comisión de Justicia constituye la fase técnica donde los grupos parlamentarios fijan el informe que se someterá posteriormente a votación en comisión y en el pleno de la Cámara Baja. Los grupos que apoyan al Ejecutivo manifestaron su conformidad con el documento previo antes de las vacaciones de verano, tras incorporar las enmiendas transaccionales suscritas por los grupos parlamentarios socialista y plurinacional.
Al ostentar rango de ley orgánica por afectar al régimen de derechos fundamentales y modificar preceptos del Código Penal, la norma exigirá una votación final de conjunto en el Congreso de los Diputados. La aprobación definitiva en la Cámara requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los parlamentarios, equivalente a un umbral mínimo de 176 escaños, antes de ser remitida al Senado para continuar su tramitación parlamentaria reglamentaria.
