El Congreso debate este martes la ley orgánica que penaliza el uso de algoritmos para amplificar contenidos dañinos y exige a las plataformas demostrar que sus diseños no son adictivos para menores
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha anunciado que el Gobierno busca regular el entorno digital para menores, limitando el acceso a redes sociales a partir de los 16 años y obligando a las plataformas a demostrar que sus diseños no son adictivos. La ley, que se debatirá en ponencia este martes en el Congreso, también tipifica como delito penal el uso de algoritmos para amplificar contenidos dañinos, como incitación al suicidio o delitos de odio.
El texto, impulsado por el PSOE y Sumar, prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años, salvo que cuenten con autorización parental y que las plataformas hayan sido certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como seguras. Las plataformas deberán demostrar que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a menores a contenidos perjudiciales y que ofrecen herramientas efectivas contra contactos no deseados.
Además, la ley introduce la penalización para directivos que conozcan y no actúen contra la amplificación de contenidos lesivos, así como para quienes ignoren órdenes judiciales o administrativas de retirada de contenidos ilícitos.
Mientras, la Comisión Europea ha propuesto vetar el acceso a redes sociales para menores de 13 años en toda la Unión Europea, con restricciones hasta los 15 años, y Francia ya ha aprobado una ley similar que entrará en vigor en 2027.
El contexto legal: ¿por qué ahora?
La ley responde a un debate creciente sobre la exposición de menores a contenidos dañinos en redes sociales, agravado por casos como el suicidio de Oléa, una niña belga de 14 años víctima de *bullying* online. El Gobierno español justifica la medida como un intento de trasladar la responsabilidad desde las familias hacia las plataformas, evitando que el acceso digital se convierta en una «ley de la jungla», según palabras de Rego.
El texto también incorpora enmiendas para tipificar en el Código Penal la manipulación de algoritmos con fines dañinos, una medida que busca castigar a las plataformas que prioricen el engagement sobre la seguridad infantil. La CNMC será el organismo encargado de verificar el cumplimiento de estas obligaciones.
¿Qué dice la UE y cómo afecta a España?
La propuesta de la Comisión Europea, anunciada el pasado 16 de septiembre por Ursula von der Leyen, es más restrictiva que la española: prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 13 años y permite su uso con restricciones hasta los 15. España, con su límite en los 16 años, se alinea con un enfoque intermedio, aunque más flexible que el europeo.
Francia, por su parte, ya ha aprobado una ley que prohíbe el uso de redes sociales para menores de 15 años, con implementación progresiva hasta enero de 2027. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron, también incluye la prohibición del uso de móviles en institutos, lo que refuerza el enfoque de protección integral.
La diferencia clave entre las propuestas radica en la edad de acceso y en el papel de las plataformas: mientras la UE y Francia apuestan por un enfoque más restrictivo, España busca un equilibrio entre regulación y flexibilidad, priorizando la responsabilidad de las tecnológicas.
¿Qué plataformas y directivos podrían ser sancionados?
La ley obliga a las plataformas a demostrar que sus diseños no son adictivos y que protegen a los menores de contenidos perjudiciales. Si incumplen estas obligaciones, podrían enfrentar sanciones administrativas o incluso penales, según lo establecido en el Código Penal.
Además, los directivos de estas plataformas que conozcan y no actúen contra la amplificación de contenidos dañinos —como incitación al suicidio, abuso sexual infantil o *deep fakes*— también podrían ser penalmente responsables. La ley también castiga el incumplimiento de órdenes judiciales o administrativas para retirar contenidos ilícitos.
La CNMC será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones, lo que podría implicar multas o incluso el cierre de plataformas que no cumplan con los requisitos de seguridad para menores.
¿Qué alternativas propone el Gobierno para los menores?
Además de la prohibición, el Gobierno promueve «alternativas a los entornos digitales» y mecanismos de pedagogía para acompañar a las familias. La ministra Rego ha destacado la necesidad de un «proceso gradual» en el acceso a internet, con garantías de seguridad y acompañamiento.
La Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, impulsada por el Gobierno, busca ofrecer herramientas a las familias para navegar de manera segura, aunque sin rechazar por completo los entornos digitales. La clave, según Rego, es garantizar que el acceso sea «seguro y gradual», evitando un «no radical» pero también un uso sin restricciones.
La ley, que se debatirá en ponencia este martes, busca equilibrar la protección de los menores con la realidad digital actual, donde las plataformas tienen un poder creciente sobre el comportamiento de los usuarios, especialmente los más jóvenes.
