El juez Pedraz investiga una red vinculada al PSOE que buscó desacreditar a la UCO para manipular causas contra exdirigentes socialistas y familiares de Sánchez
El juez Santiago Pedraz ha imputado a 20 personas en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la trama de Leire Díez, exmilitante del PSOE acusada de orquestar entre abril de 2024 y mayo de 2025 una red para «desestabilizar» procedimientos judiciales que afectaban a exdirigentes socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre los imputados figuran Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, y Ana Fuentes, gerente del PSOE. La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revela que la trama intentó desacreditar a la propia UCO al buscar «trapos sucios» de uno de sus máximos responsables, el teniente coronel Antonio Balas.
El caso, que investiga una posible manipulación judicial, se enmarca en un contexto de tensiones internas en el PSOE tras escándalos recientes como el caso Koldo Martínez o las denuncias por financiación irregular. La UCO, unidad especializada en delitos graves, es clave en este procedimiento por su doble papel: investigar la trama y ser el objetivo de sus ataques.
La imputación de González —alta cargo en la Guardia Civil— añade un nivel de complejidad institucional. Su vinculación con el PSOE (aunque no se especifica su militancia) y su cargo actual podrían afectar a la percepción de parcialidad en la investigación, especialmente si la trama logró infiltrarse en estructuras de seguridad del Estado. Hasta ahora, la Audiencia Nacional no ha confirmado si habrá detenciones inmediatas, pero el juez Pedraz ya ha ordenado el secreto de sumario.
Este caso se suma a otros escándalos que han sacudido al PSOE en los últimos meses, como las investigaciones por financiación irregular en varias comunidades autónomas. La imputación de 20 personas, incluyendo a figuras con cargos de responsabilidad, subraya la gravedad de una red que no solo buscó influir en causas judiciales, sino también desacreditar a una unidad clave de la Guardia Civil, lo que podría tener repercusiones en la confianza ciudadana en las instituciones.
