La patronal de pymes del sector, con 2.400 empresas, acusa a Transportes de monopolio y pide auditar subvenciones de 350 millones anuales
Alfonso Taborda, presidente de Di rebús, advirtió hoy que las pequeñas y medianas empresas del transporte por carretera podrían «desquiciar la sociedad en cinco días» con una huelga si no se liberaliza el sector. La patronal, que agrupa a 2.400 pymes —el 90% del turismo que llega a España—, denunció que el Gobierno de Óscar Puente mantiene un sistema concesional que solo beneficia a grandes empresas como Alsa o Avanza, excluyendo a las pymes de subvenciones como el programa verano Joven.
El conflicto se centra en la ley de 1987 que regula las concesiones, obsoleta según Taborda, quien recordó que la Comisión Europea ya investiga a España por cabotaje —la posibilidad de que un autobús que circula entre dos países pueda recoger pasajeros en un tercero—. Portugal, que liberalizó el sector, redujo precios y mejoró servicios, mientras en España solo operan cuatro empresas en rutas de larga distancia, todas grandes. «Badajoz no tiene línea de tren y solo hay un operador, Avanza, con servicio deficiente», criticó, añadiendo que el cabotaje evitaría la despoblación rural.
Di rebús acusó al Ministerio de Transportes de «competencia desleal»: las grandes empresas reciben subvenciones para líneas deficitarías y luego compiten en servicios discrecionales —como transporte escolar o turístico— con precios un 35-40% más bajos. La patronal anunció una auditoría al Tribunal de Cuentas para verificar el destino de los 350 millones anuales en ayudas, y advirtió que Puente, antes bien valorado, «nos defraudó» al defender el sistema concesional. «Puente sabe que es obsoleto», aseguró Taborda, quien también cuestionó la alianza de Renfe con una gran empresa de autobuses para cubrir rutas no viables en tren.
El sector discrecional —que mueve el 90% del turismo— depende de rutas atomizadas y sin protección legal. «Si hiciéramos piña como los taxistas, podríamos parar el país», advirtió Taborda, quien insistió en que la ley necesita modernizarse para evitar la despoblación y permitir que autobuses como el de Madrid-Lisboa puedan recoger pasajeros en ciudades como Badajoz o Cáceres. La Feria Internacional del Autobús (FIAA), celebrada esta semana en Madrid, sirvió para lanzar el ultimátum: sin cambios, las movilizaciones serán inevitables.
