La Comisión Europea da dos meses de margen para incorporar las normas sobre control societario antes de recurrir a la Justicia comunitaria
Una carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea activa un expediente de infracción contra dieciocho Estados miembros, incluida España. Las autoridades comunitarias reclaman la incorporación pendiente de varias disposiciones de la sexta directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El plazo límite fijado para adaptar estas exigencias al ordenamiento interno expiró el pasado 10 de julio.
Junto a España, la lista de países señalados abarca a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Finlandia. En su notificación oficial, el Ejecutivo comunitario constata que ninguna de estas administraciones comunicó la transposición íntegra de los artículos correspondientes.
El marco normativo objeto del expediente regula aspectos organizativos e institucionales para perseguir los flujos financieros ilícitos. Según defiende Bruselas, el despliegue progresivo de estas herramientas resulta imprescindible para subsanar los fallos del sistema bancario y asegurar una supervisión homogénea en todo el territorio de la Unión Europea.
La Comisión argumenta que «la confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de un sistema de divulgación preciso que garantice la transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las empresas». En la misma línea, el organismo remarca que «disponer de información precisa y actualizada sobre los titulares reales resulta también crucial para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley».
El funcionamiento de los expedientes por incumplimiento normativo
El procedimiento formal iniciado por el Ejecutivo comunitario concede ahora un margen de dos meses a los gobiernos afectados. Durante este periodo, los ministerios competentes deben detallar las reformas legales en marcha para subsanar los retrasos detectados en sus normativas internas.
Si las explicaciones aportadas no satisfacen las exigencias comunitarias, Bruselas emitirá un dictamen motivado con un nuevo requerimiento temporal. Este paso representa la última fase administrativa antes de formalizar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano facultado para imponer sanciones económicas periódicas o multas coercitivas por transposición tardía.
Las directivas europeas imponen a los Estados miembros la obligación de alcanzar unos objetivos legales concretos mediante legislación nacional propia, a diferencia de los reglamentos, que poseen aplicación directa e inmediata tras su publicación oficial. La sexta directiva financiera refuerza los registros mercantiles centralizados para identificar a los beneficiarios efectivos de las corporaciones y evitar el uso de sociedades pantalla.
Las consecuencias regulatorias para la administración española
En el plano español, la adaptación de las normativas antiblanqueo atañe de forma directa al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Ambos organismos supervisan la actividad de entidades bancarias, despachos jurídicos, notarios y auditores mediante los registros de titularidades reales.
El retraso en completar las exigencias comunitarias mantiene en suspenso la plena interconexión telemática de las bases de datos de propiedad societaria entre las capitales de la Unión Europea. La falta de acceso directo a estos ficheros limita la labor de unidades policiales y fiscales dedicadas a investigar tramas de delincuencia organizada transfronteriza y fraude fiscal a gran escala.
La respuesta que remita el Gobierno español a Bruselas deberá precisar el calendario legislativo previsto para aprobar los preceptos pendientes en el Congreso de los Diputados. El desenlace del procedimiento determinará si España logra cerrar el trámite administrativo a tiempo o si encara la fase del dictamen motivado a comienzos del próximo ciclo parlamentario europeo.
