El ministro de Política Territorial se reúne con vecinas y reconoce las dificultades legales, pero marca un plazo concreto para recuperar los espacios públicos
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha comprometido este miércoles a desalojar las playas de Ceuta antes de mediados de octubre, tras reunirse con cinco vecinas que denunciaban la ocupación de los espacios públicos por migrantes en situación irregular. Las mujeres, que se desplazaron hasta la Delegación del Gobierno en la ciudad, insistieron en la necesidad de recuperar las playas del Trampolín y Benítez, donde se estima que viven más de 3.500 personas en condiciones precarias.
El encuentro, de unos 30 minutos, se produjo tras la reunión del Comité de Situación de la crisis migratoria en Ceuta. Torres, como autoridad funcional para coordinar la respuesta del Estado, les trasladó que hará «todo lo posible» para cumplir el plazo, aunque reconoció las limitaciones legales y operativas que condicionan las actuaciones. Las vecinas agradecieron su «cercanía» y destacaron que, a diferencia de otros responsables del Gobierno, Torres aceptó reunirse con ellas en la sede gubernamental.
La ocupación de las playas se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la crisis en Ceuta, donde la llegada masiva de migrantes —más de 20.000 en lo que va de año, según datos oficiales— ha colapsado servicios básicos. Hasta ahora, solo Margarita Robles, ministra de Defensa, y la titular de Educación habían mantenido contacto directo con ciudadanos durante sus visitas a la ciudad. Torres, en cambio, optó por un formato más cercano, aunque sin concretar un calendario detallado para el desalojo.
El compromiso de Torres llega en un momento de creciente tensión social en Ceuta, donde colectivos vecinales exigen soluciones urgentes. La Delegación del Gobierno en la ciudad actúa como centro de coordinación, pero las competencias en materia de extranjería y seguridad corresponden a las comunidades autónomas y al Estado. La Generalitat de Andalucía, por ejemplo, gestiona la acogida de migrantes, mientras que el Ministerio del Interior lidera las operaciones de control fronterizo.
El plazo marcado —mediados de octubre— coincide con el inicio de la temporada turística en la ciudad, lo que añade presión política. El Gobierno central, con Sánchez a la cabeza, ha sido criticado por su gestión de la crisis, mientras que el PP y Vox exigen medidas más contundentes. Torres, sin embargo, evitó entrar en valoraciones y se centró en las dificultades técnicas, como la falta de recursos para albergues temporales o la lentitud en los procesos de identificación y expulsión.
