El puerto acoge a 1.700 personas en condiciones de emergencia mientras sindicatos policiales denuncian falta de seguridad y Vox exige el fin de visados a marroquíes
Más de 70.000 migrantes cruzaron a Ceuta desde Marruecos el 30 de julio de 2026, según datos oficiales, en una de las mayores oleadas registradas en la frontera española. La avalancha, que dejó al menos 100 muertos en el intento, desbordó los recursos de emergencia y convirtió la gestión de la crisis en el principal foco político del país.
El Ministerio de Migraciones, en coordinación con servicios sociales y de seguridad, habilitó un centro temporal en el puerto de Ceuta con capacidad para 1.700 personas, donde actualmente se alojan migrantes trasladados desde las playas de Benítez y El Trampolín. Según la Fundación SAMU, entidad especializada en atención a colectivos vulnerables, el operativo es «modélico» pese a las dificultades, aunque advierten de la saturación de recursos humanos y materiales.
La decana del Colegio de Abogacía de Ceuta, Isabel Val riberas, alertó este viernes de que los letrados del turno de oficio trabajan en guardias ininterrumpidas para atender a los miles de migrantes. «El problema es grave: son miles las personas que han entrado y el sistema está colapsado», declaró durante una rueda de prensa en Madrid. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, exigió al Gobierno «medios, recursos y condiciones profesionales» para los profesionales.
Los sindicatos policiales Jupón, SUP, UFP y Jucil denunciaron este viernes que el Ejecutivo puso en riesgo a los agentes durante los traslados desde las playas hasta el puerto. El secretario general de Jupón, Aarón Rivero, acusó al Gobierno de «falta de previsión» y criticó que no se garantizaron condiciones de seguridad en un operativo que movilizó a más de 3.000 personas en una sola jornada. La Audiencia Nacional rechazó ayer una petición cautelar de SUP para frenar el traslado por «razones de seguridad».
Mientras, Vox registró en el Congreso una proposición no de ley para denegar visados a marroquíes hasta que su Gobierno reconozca «la españolidad de Ceuta y Melilla». La iniciativa, impulsada por el partido, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «sumisión diplomática» hacia Marruecos y exige medidas urgentes para «hacer frente a la amenaza a la seguridad nacional».
Por su parte, el presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, atribuyó la reciente resolución del Parlamento Europeo —que apoya a Ceuta y Melilla como «frontera de Europa»— a la gestión de Alberto Núñez Feijóo. «Esa resolución se la ha currado Feijóo en las cancillerías europeas», afirmó Imbroda durante un acto en Melilla, donde criticó la ausencia de apoyo del PSOE a la medida.
La crisis también ha movilizado a la sociedad civil. La Asamblea Antirracista de Mallorca convocó una concentración este sábado en Palma para exigir a la UE el fin de las políticas de externalización migratoria. Bajo el lema *»Ceuta: derechos sin fronteras, comunidades sin racismo»*, los organizadores denunciaron «vulneraciones de derechos humanos» y reclamaron «protección y dignidad» para los migrantes.
El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, valoró este viernes el operativo de traslado como «inédito» y felicitó a las fuerzas de seguridad. Torres, en declaraciones desde Tenerife, explicó que los agentes recuperaron el control de la situación tras un inicial intento de resistencia por parte de algunos migrantes al ver a los medios de comunicación. «Por suerte, no hubo altercados relevantes», precisó.
En el plano local, un ciudadano ceutí resultó apuñalado esta madrugada en un intento de robo perpetrado por cuatro migrantes en la zona de La Almadraba, cerca de la frontera del Tarayal. El agresor, que circulaba en motocicleta, sufrió heridas en ambos costados y en una mano durante el forcejeo por arrebatarle un teléfono móvil y una cadena de oro, según testimonios recogidos por medios locales.
La situación en Ceuta refleja una crisis humanitaria y política sin precedentes. Mientras las instituciones intentan reorganizar los recursos, los partidos se enzarzan en disputas por la gestión de la frontera y la responsabilidad internacional. La UE y Marruecos, clave en el conflicto, mantienen posturas enfrentadas, y la presión social crece con cada nuevo dato sobre las condiciones en las que llegan los migrantes a territorio español.
