Juan Vivas, presidente de la Asamblea de Ceuta, aclara que se aplicará la ley de extranjería mientras Feijóo insiste en devolver a Marruecos a los ilegales
Juan Vivas, presidente de la Asamblea de Ceuta y del Partido Popular, reconoció este jueves que habrá ‘mínimos casos’ de menores inmigrantes que, según la ley de extranjería, podrían permanecer en España. El dirigente matizó que estos casos se gestionarán conforme a la normativa vigente, aunque insistió en que la prioridad sigue siendo devolver a Marruecos a quienes entraron ilegalmente por El Tarayal a finales de julio.
Vivas admitió que la falta de colaboración marroquí ha impedido hasta ahora el reagrupamiento familiar de los migrantes, una medida que el PP reclama desde hace semanas. Su declaración llega en un contexto de tensión política tras el episodio de julio, cuando más de 1.000 personas llegaron a la ciudad autónoma en menos de 48 horas, colapsando sus recursos. El dirigente advirtió que ‘no se debe volver a utilizar a los menores’ como escudo humano, recordando que el episodio dejó varios fallecidos.
La ley de extranjería española permite la protección de menores no acompañados, aunque su aplicación concreta depende de criterios como la edad, el estado de salud o la imposibilidad de identificar a sus familias. Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 3.214 menores extranjeros no acompañados en toda España, de los cuales 187 llegaron a Ceuta. La gestión de estos casos recae en las comunidades autónomas, que deben coordinarse con el Estado para su acogida y regularización.
Mientras, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, mantiene su postura de exigir a Marruecos la repatriación de los migrantes. En declaraciones recientes, Feijóo acusó al Gobierno de Sánchez de ‘falta de firmeza’ con Rabat, una crítica que choca con las declaraciones de Vivas. La tensión entre ambos niveles del PP refleja las divisiones internas sobre cómo abordar la crisis migratoria, con Feijóo apostando por una línea más dura y Vivas priorizando la aplicación estricta de la ley.
El episodio de julio desató una crisis política que aún no se ha resuelto. El Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta mantienen negociaciones para reforzar la seguridad en la frontera, aunque sin avances concretos. La próxima reunión del Consejo de Ministros, prevista para el 30 de septiembre, podría incluir medidas adicionales, aunque fuentes cercanas al Gobierno descartan por ahora cambios legislativos urgentes.
