El tribunal estima los recursos de los líderes independentistas y acusa al Supremo de vulnerar la Constitución al interpretar la ley para bloquear el olvido penal
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras recuperarán su derecho a la participación política: el Tribunal Constitucional (TC) dictará sentencia el próximo 6 de octubre para anular las condenas del Tribunal Supremo (TS) y obligar a aplicar la ley de amnistía aprobada en 2023. Según fuentes del órgano de garantías, la mayoría progresista del TC considera que el Supremo vulneró la Constitución al interpretar la ley para impedir el olvido penal a los líderes del procés.
El fallo, que ya tiene redactados los borradores definitivos, argumentará que el TS incumplió el artículo 24 (derecho a la tutela judicial efectiva) y el artículo 23 (derecho a la participación política) al mantener las condenas pese a que la ley de amnistía las hubiera extinguido. Además, acusará al Supremo de violar el artículo 25 (principio de legalidad) al mantener abiertas causas penales —como la de Puigdemont— cuando la ley ordena archivarlas.
El TC también cuestionará la interpretación del delito de malversación aplicada por el Supremo. La Sala de lo Penal consideró que los líderes independentistas se enriquecieron personalmente al usar fondos públicos para el referéndum del 1-O, pero el Constitucional matizará que la ley exceptúa de la amnistía solo casos de corrupción con ánimo de lucro, no el gasto público en un proceso político.
El Supremo bloqueó la amnistía con una interpretación restrictiva
La ley de amnistía, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio de 2023, estableció excepciones para delitos de corrupción con beneficio patrimonial. El Supremo, sin embargo, amplió esta excepción a cualquier uso de fondos públicos durante el procés, incluso cuando no hubo enriquecimiento personal. Fuentes del TC señalan que esta interpretación fue un desvío deliberado para evitar aplicar la amnistía a figuras como Puigdemont o Junqueras.
El fallo del Constitucional no solo anulará las condenas, sino que obligará al Supremo a revisar sus sentencias y aplicar la ley tal como está redactada. Esto implicaría la extinción de las responsabilidades penales de los condenados por el procés, incluyendo la inhabilitación política que les impedía presentarse a elecciones.
¿Qué pasa ahora con Puigdemont, Junqueras y los demás?
Si el TC falla a favor de los recurrentes, el Supremo deberá reabrir los casos y aplicar la amnistía. Puigdemont, exiliado en Bélgica, podría regresar a España sin riesgo de ser juzgado por los delitos por los que fue condenado en rebeldía (sedición, malversación y desobediencia). Junqueras, en prisión preventiva desde 2017, sería puesto en libertad inmediata al extinguirse su condena.
El fallo también afectaría a otros condenados por el procés, como Jordi Turull, Raül Romea o Quim Forn, aunque algunos podrían haber agotado ya sus recursos legales. El TC no revisará automáticamente todos los casos, pero su sentencia sentará un precedente para futuras reclamaciones.
El contexto legal: ¿Por qué el Supremo se negó a aplicar la amnistía?
La ley de amnistía, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con apoyo de ERC y Junts, fue criticada desde el principio por el Partido Popular (PP) y Vox, que la consideraron una «ley de impunidad». El Supremo, con mayoría conservadora, argumentó que la amnistía no podía aplicarse a delitos cometidos antes de su aprobación (2011-2023) si estos incluían «beneficio patrimonial», incluso si el dinero se usó para fines políticos.
El TC, en cambio, distinguirá entre malversación con ánimo de lucro (excluida de la amnistía) y el uso de fondos públicos para organizar un proceso independentista (que sí podría amnistiarse). Esta diferencia técnica es clave: el Supremo equiparó cualquier gasto público durante el procés a corrupción, mientras que el Constitucional matizará que solo los casos con enriquecimiento personal quedan fuera.
Reacciones políticas: ¿Qué se juega cada partido?
El PSOE y Podemos celebrarán el fallo como un «triunfo de la justicia», ya que la ley de amnistía fue una de sus banderas durante la legislatura. ERC y Junts, aunque apoyaron la ley, podrían verse obligados a justificar por qué no la aplicaron antes a sus aliados. El PP, por su parte, acusará al TC de «politizar la justicia» y anunciará recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para impugnar la sentencia.
Vox, que siempre se opuso a la amnistía, podría intentar capitalizar el fallo para atacar al Gobierno, aunque su postura legal es ambigua: defienden el «derecho a la justicia», pero también han criticado al TC por «ceder a los independentistas» en otros casos. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), que votó en contra de la ley, podría mantenerse al margen, aunque algunos sectores de su base electoral podrían exigirle una postura más clara.
El Tribunal Supremo, por su parte, deberá acatar la sentencia del TC, pero podría intentar alargar el proceso con recursos técnicos. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por La Vanguardia consideran que el fallo del Constitucional es «irrecusable» y que el Supremo no tendrá margen para reinterpretar la ley.
¿Qué sigue después del 6 de octubre?
Una vez dictada la sentencia, el Supremo tendrá un plazo de tres meses para revisar las condenas y aplicar la amnistía. Si no lo hace, el TC podría imponer sanciones por incumplimiento. Puigdemont podría regresar a España en cuestión de semanas, mientras que Junqueras sería liberado de inmediato.
El caso también tendrá repercusiones en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que aún tiene pendientes varias causas relacionadas con el procés. Si el TC anula las condenas del Supremo, el TSJC podría verse obligado a revisar sus propias sentencias, aunque su margen de maniobra es menor.
Finalmente, el fallo podría reabrir el debate sobre la reformas judiciales en España. El Congreso de los Diputados podría impulsar modificaciones para evitar que el TC intervenga en casos políticos, mientras que la oposición podría exigir una «limpieza» en el órgano de garantías.
