El líder de Junts exige que Puigdemont y Comín puedan ‘pasear por Cataluña’ para considerar aplicada la ley
Jordi Turull, secretario general de Junts per Cataluña, ha acusado este martes al Tribunal Constitucional (TC) de desautorizar a los jueces que aplicaron la Ley de Amnistía para el ‘procés’ al avalar su interpretación solo para quienes hicieron ‘activismo político’ en vez de cumplir la ley. La decisión, impulsada por el magistrado ponente José María Macías, deja fuera de la amnistía la malversación cometida durante el referéndum independentista de 2017.
Turull criticó que el fallo llega ‘tarde’ y exigió que los amnistiados —entre ellos Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, y los exconcejales Toni Comín y Lluís Puig— puedan regresar a Cataluña sin restricciones. Solo entonces, dijo, se podrá considerar que la ley se ha aplicado ‘del todo’.
El TC analiza ahora si la malversación del ‘procés’ debe ser amnistiada, tras rechazar el Tribunal Supremo en 2021 perdonar ese delito concreto. La decisión final dependerá de si la mayoría del Constitucional sigue la línea de Macías, que defiende excluirla, o la de otros magistrados que abogan por su inclusión.
La Ley de Amnistía, aprobada en 2023, busca eximir de responsabilidad penal a los implicados en los actos del ‘procés’, pero su aplicación ha generado tensiones entre el poder judicial y el político. El Tribunal Supremo ya había limitado su alcance al negarse a perdonar la malversación, un delito clave en el juicio a los líderes independentistas.
Para Junts, la exclusión de la malversación vacía de sentido la ley, ya que ese delito fue central en la condena a Puigdemont y otros nueve exconcejales en 2019. La formación independentista insiste en que la amnistía debe ser ‘integral’ para evitar una ‘justicia a dos velocidades’.
El proceso de revisión del TC se inició tras la decisión del Tribunal Supremo de 2021, que negó la amnistía a la malversación, y se ha extendido hasta la fecha, lo que ha generado críticas por la demora. El ponente José María Macías, quien lideró el primer recurso de amparo, ha defendido que la interpretación del TC debe excluir la malversación, argumentando que la ley no contempla expresamente ese delito.
