La Audiencia Provincial anuló su intento de forzar el juicio por jurado; ahora el caso vuelve al procedimiento ordinario tras dos años de pulsos judiciales
El magistrado Juan Carlos Peinado ha procesado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, según el auto dictado este 20 de junio de 2026.
La investigación, abierta en abril de 2024 por el pseudo sindicato Manos Limpias, se centró inicialmente en tres ejes: las cartas de recomendación a la UTE del empresario Juan Carlos Barrabés, las reuniones con Globaliza y el rescate de Air Europa, y el uso de su condición de esposa del presidente. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó en mayo de 2024 investigar Globaliza y el rescate de Air Europa, limitando las pesquisas a las cartas de recomendación vinculadas a Barrabés.
El juez intentó en septiembre de 2025 forzar el juicio por jurado al imputar malversación de fondos públicos a Gómez, alegando que este delito exigía ese fuero y arrastraría el resto de acusaciones. Pero la Audiencia de Madrid anuló esa estrategia en febrero de 2026, tachándola de artificio procesal para evitar un tribunal colegiado. Ahora, el caso vuelve al procedimiento ordinario, con Gómez procesada por cuatro delitos.
La investigación ha estado marcada por pulsos judiciales: desde la suspensión de la comparecencia de Gómez en julio de 2024 por no recibir la querella de Hazte Oír, hasta la imputación de la asesora Cristina Álvarez en febrero de 2025 por presunta malversación. Incluso el ministro Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue investigado en junio de 2025, pero el Tribunal Supremo archivó la causa en julio de 2025 por falta de indicios.
El caso refleja cómo una denuncia basada en recortes de prensa ha derivado en un proceso judicial con 28 meses de duración, implicando a altos cargos del Gobierno y generando tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo. La próxima fase será la celebración del juicio, donde Gómez podría ser juzgada por un tribunal profesional.
Diputados de la coalición denuncian «injerencias» y «chapuzas» en la instrucción, mientras el magistrado, a días de jubilarse, vincula el caso a regímenes totalitarios
Diputados de Sumar han acusado este martes al juez Juan Carlos Peinado de buscar un «hostigamiento público» contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras su decisión de abrir juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. En una rueda de prensa en el Congreso, la diputada Aina Vidal (Comunes) calificó de «vergüenza» el proceso y lo vinculó a una «estrategia de la extrema derecha», citando textualmente el tono del auto judicial: *»con un puro y una copa en la mano diciendo aguántame el cubata que vamos a seguir jugando»*.
Peinado, que se jubila en seis días, ha sido criticado por Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, quien cuestionó la seriedad de su resolución al mencionar al rey Fernando VII y «regímenes totalitarios» para justificar los cargos. Martínez Barbero recordó que la Audiencia Provincial ya revisó la instrucción y generó «muchísimos problemas», aunque evitó pronunciarse en contra del jurado popular, figura que defendió como «confiable» pese a su menor tradición en España.
Por su parte, Alberto Ibáñez (Compromís, Sumar) denunció «injerencias» de «pseudo medios y redes controladas por potencias extranjeras» para manipular al jurado, aunque aseguró confiar más en los ciudadanos que en el juez. Ibáñez exigió al Gobierno que legisle para «apartar a jueces fachas», acusando a Peinado de actuar «sin objetividad».
La diputada Tesh Sidi (Más Madrid) tachó la instrucción de «chapucera» y afirmó que fue rectificada «una veintena de veces» por instancias superiores. Sidi exigió la retirada de Peinado de la judicatura y advirtió que el caso ya ha «condenado» a Gómez antes del juicio, aludiendo a su alta exposición mediática. «Si no fuera la esposa del presidente, probablemente no habría esta cacería», declaró.
El caso se enmarca en el juicio con jurado popular, un mecanismo judicial poco usado en España, pero presente en sistemas anglosajones. La defensa de Gómez, sin embargo, cuestiona su imparcialidad en este caso concreto, donde el juez ha vinculado los cargos a supuestos «regímenes totalitarios», un argumento que sus críticos interpretan como una criminalización política disfrazada de rigor legal.
