El proyecto, financiado con fondos europeos, conectará Talavera de la Reina con Talayuela y avanza sin oposición parlamentaria
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la licitación del tramo final de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, entre Talavera de la Reina (Toledo) y Talayuela (Cáceres), con un presupuesto de 14,7 millones de euros (sin IVA) y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La adjudicación corresponderá a Adif Alta Velocidad, que redactará los proyectos técnicos antes de iniciar las obras.
El tramo, de 120 kilómetros, completará el corredor de alta velocidad entre Madrid y Extremadura, una infraestructura pendiente desde la aprobación inicial de la línea en 2015. Su ejecución depende ahora de los plazos de licitación y de la disponibilidad de fondos europeos, aunque el Gobierno ya ha confirmado su prioridad dentro de la red de Adif.
La decisión se adopta sin debate parlamentario previo, en un contexto en el que proyectos de infraestructuras como este suelen generar críticas cruzadas entre partidos. Mientras el PP y Vox suelen exigir mayor celeridad en obras de este tipo, Podemos y sectores de la izquierda han cuestionado en el pasado el uso de fondos públicos en grandes infraestructuras frente a necesidades sociales urgentes.
El tramo olvidado de la AVE Madrid-Extremadura
El proyecto original de la línea Madrid-Extremadura, aprobado en 2015 durante el gobierno de Mariano Rajoy, contemplaba un recorrido completo desde Madrid hasta Mérida, con paradas en Plasencia y Cáceres. Sin embargo, el tramo entre Talavera de la Reina y Talayuela —el último pendiente— quedó fuera de los planes de ejecución prioritarios tras el cambio de gobierno en 2018.
Desde entonces, el avance ha sido lento: en 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la obra en los presupuestos generales del Estado, pero sin asignación concreta de fondos. La licitación actual, con 14,7 millones, representa solo el 10% del coste estimado total del tramo (según cálculos de Adif en documentos internos de 2022), lo que sugiere que la financiación restante podría depender de futuras convocatorias de fondos europeos o de reasignaciones presupuestarias.
La demora ha afectado especialmente a municipios como Talavera de la Reina, donde asociaciones empresariales y ayuntamientos de Castilla-La Mancha y Extremadura llevan años reclamando su inclusión. En 2024, el Ayuntamiento de Talavera presentó un escrito al Ministerio de Transportes instando a agilizar el proceso, argumentando que el tramo actúa como «cuello de botella» para el transporte de mercancías entre Madrid y el oeste peninsular.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno, la licitación responde a la necesidad de cumplir con los objetivos de la Estrategia de Infraestructuras y Transporte (MITMA 2030), que prioriza la conexión de zonas rurales y la reducción de la brecha territorial. Sin embargo, el retraso en este tramo —11 años desde su aprobación inicial— podría ser usado por la oposición para criticar la gestión de fondos europeos, especialmente en un año electoral como 2027.
En Extremadura, el PSOE y Podemos han mostrado apoyo al proyecto, aunque con matices: mientras el primero lo presenta como una «inversión clave para el desarrollo regional», el segundo ha pedido que se condicione a la creación de empleo local. Por su parte, el PP extremeño, liderado por Guillermo Fernández Vara, ha evitado pronunciarse públicamente, pero fuentes de su equipo señalan que la obra podría ser un «argumento electoral» en la región para las próximas autonómicas de 2027.
En Castilla-La Mancha, el PP regional, con Emilio Rodríguez al frente, ha criticado en el pasado la «lentitud» de los gobiernos central y autonómico en infraestructuras. No obstante, la licitación actual no ha generado reacciones públicas por parte de los grupos parlamentarios de la comunidad, posiblemente por tratarse de un tramo que beneficia más a Extremadura que a su territorio.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por su parte, exige que los proyectos cofinanciados cumplan con criterios de sostenibilidad y eficiencia. En el caso de esta AVE, la justificación se basa en su impacto económico: según datos de Adif, la línea completa podría generar hasta 12.000 empleos directos e indirectos en su fase de construcción y operación. No obstante, ecologistas como Greenpeace han alertado en el pasado sobre el «alto consumo de suelo» que suponen estas infraestructuras en zonas rurales.
