Castilla-La Mancha acusa a las confederaciones hidrográficas de retrasar años las resoluciones sobre pozos y regadíos, mientras el PP culpa al PSOE de priorizar trasvases a Portugal
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado formalmente al Gobierno central asumir parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas del Guadiana y el Tajo para agilizar trámites que, según denuncia, dejan a agricultores y ganaderos en una espera de años. La Junta propone contratar entre 400 y 500 empleados y realizar mediciones propias de acuíferos con la Universidad regional para evitar, en palabras de Page, «fiarse de datos ajenos».
La medida responde a lo que el presidente autonómico define como un «atasco administrativo» en las confederaciones, donde las sanciones avanzan más rápido que las autorizaciones para pozos o regadíos. Page descartó asumir competencias plenas y se limitó a pedir «parte de la administración» para desbloquear expedientes, una solicitud registrada ante el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
El conflicto por el agua en la región escaló esta semana con acusaciones cruzadas: el PP regional, liderado por Paco Núñez, «culpa al Gobierno socialista de permitir que el agua se vaya a Portugal», mientras el PSOE responde que la «única política de agua del PP es un pacto oculto con Levante y Génova» para mantener a Núñez como candidato. El presidente murciano, Fernando López Miras, amenazó con bloquear los trasvases hasta que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno.
Page anunció que extenderá la petición a las demarcaciones del Júcar y el Segura, y recordó que en marzo ya propuso instalar piezómetros propios para contrastar mediciones. «No es obligatorio fiarse, es obligatorio saber de qué estamos hablando», resumió, subrayando la desconfianza hacia los datos oficiales.
El anuncio llega en un contexto de tensión por la sequía, con el 70% de los embalses de Castilla-La Mancha por debajo del 50% de su capacidad, según datos de la propia Junta. La región, que depende en un 85% de las aguas subterráneas para agricultura, enfrenta protestas de sectores rurales que denuncian una «gestión lenta y opaca» desde las confederaciones.
