El presidente murciano, López Miras, condiciona el trasvase a que Feijóo llegue al Gobierno, mientras el PSOE regional denuncia el silencio de Núñez y la cesión de agua al Sorbe para Madrid
Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha condicionado la participación en el trasvase Tajo-Segura a que Alberto Núñez Feijóo ocupe la presidencia del Gobierno, amenazando con «poner todas las trabas» a las reglas del sistema actual hasta entonces. La declaración, realizada esta semana, ha reavivado un conflicto histórico entre comunidades autónomas que ya acumula décadas de tensiones políticas y judiciales.
El PSOE de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, ha respondido con dureza. Page ha acusado al Partido Popular regional, dirigido por Paco Núñez, de «traición» a los intereses de la comunidad, al no alzar la voz contra las amenazas de Murcia ni contra la posible derivación de agua del río Sorbe hacia Madrid. «No solo no recrimina a López Miras, que espera a que Feijóo resuelva sus problemas, sino que encima calla cuando Madrid se lleva agua sin contestación», denunció la consejera socialista Mercedes Gómez.
Núñez, por su parte, ha evitado confrontar directamente con Murcia. En su lugar, ha centrado sus críticas en la supuesta «pérdida de agua hacia Portugal», alegando que el Tajo «riega campos portugueses» en lugar de abastecer a Castilla-La Mancha. Sin embargo, su silencio ante las demandas de Madrid —apoyadas por el PP nacional— ha generado malestar en su propio partido. Álvaro Toconar, diputado socialista, ha tachado su postura de «cobardía», recordando que el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha, firmado en 2015, sigue sin cumplirse.
El trasvase Tajo-Segura, en funcionamiento desde 1979, es el eje de un conflicto que trasciende lo hidráulico. Su origen se remonta al Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, pero fue el gobierno de Adolfo Suárez quien lo materializó en los años 70. Desde entonces, Castilla-La Mancha —comunidad de origen del agua— denuncia un desequilibrio: mientras Murcia y el Levante reciben el 80% del caudal, la región cedente ve cómo sus embalses se vacían sin compensación.
El Pacto del Agua y el silencio del PP regional
El Pacto del Agua de Castilla-La Mancha, firmado en 2015 entre el Gobierno autonómico y el central, prometía garantizar un caudal mínimo para la región. Sin embargo, su aplicación ha sido irregular. El Tribunal Supremo ha fallado en varias ocasiones a favor de Castilla-La Mancha, pero las sentencias chocan con intereses políticos. Murcia, por ejemplo, ha ignorado resoluciones judiciales que le obligaban a devolver agua sobrante, alegando «circunstancias excepcionales».
El PP de Castilla-La Mancha, aunque teóricamente defiende el pacto, ha adoptado una postura ambigua. Núñez ha evitado criticar a Murcia o a Madrid, incluso cuando el Gobierno autonómico ha denunciado que la comunidad «se queda atrás» en necesidades hídricas. «Castilla-La Mancha tiene menos agua que hace once años, cuando Page llegó al Gobierno», admitió Núñez en una comparecencia reciente, pero sin mencionar responsables directos.
La tensión ha escalado con la propuesta de derivar agua del río Sorbe hacia Madrid, una medida que el PP regional no ha cuestionado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido el proyecto como «urgente» para abastecer a la capital, pero Castilla-La Mancha lo ve como un nuevo agravio. «Se quieren llevar agua sin miramientos y Núñez no dice nada», criticó Gómez.
¿Qué se juega cada actor?
Para Murcia, el trasvase es una cuestión de supervivencia económica. El 85% de su agricultura depende del agua del Tajo, y López Miras ha dejado claro que no negociará hasta que Feijóo —cuyo partido apoya en el Congreso— asuma el poder. «Si no hay cambio en Madrid, no habrá trasvase», advirtió, ignorando que el sistema actual ya está regulado por sentencias judiciales.
El PSOE, por su parte, apuesta por una solución legal. Page ha insistido en que el conflicto se resolverá «en los tribunales», no con amenazas. Sin embargo, su postura choca con la realidad: el Supremo ha fallado a favor de Castilla-La Mancha en el pasado, pero las comunidades receptoras —Murcia, Valencia, Alicante— han recurrido los fallos o los han ignorado.
El PP nacional, en manos de Feijóo, mantiene una línea divisoria: defiende el trasvase como «obra de Estado», pero evita pronunciarse sobre el desequilibrio entre comunidades. Su silencio ha dejado a Núñez en una posición incómoda: si critica a Murcia o Madrid, arriesga perder apoyo en Génova; si calla, pierde credibilidad en su propia región.
El Gobierno de España, con Sara Aagesen al frente de la Transición Ecológica, ha sido señalado como «incoherente» por Page. La ministra ha defendido un «diálogo técnico», pero sin medidas concretas que satisfagan a Castilla-La Mancha. «Aagesen está en falta con el Tajo», acusó Page, recordando que el Ministerio ha priorizado objetivos ambientales sobre necesidades hídricas urgentes.
El futuro del trasvase depende ahora de tres factores: la llegada de Feijóo a la Moncloa, la voluntad de Murcia para acatar sentencias y la capacidad del PSOE para mantener la presión judicial. Mientras tanto, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha siguen sin agua, y el río Sorbe podría convertirse en el próximo frente de batalla.
