Los vocales conservadores tienen ventaja para nombrar al sucesor de Martínez Arrieta, pero necesitan apoyo progresista para evitar un bloqueo en los tres quintos exigidos
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enfrenta una batalla interna por el control de las salas del Tribunal Supremo, especialmente la de lo Penal, que decidirá casos como el de José Luis Ábalos o el posible salto judicial de la crisis migratoria en Ceuta. Los 20 vocales deben elegir a los nueve magistrados que se incorporarán al Alto Tribunal en los próximos meses, además de seis plazas nuevas pendientes de publicar.
La presidencia de la Sala de lo Penal —clave por los procesos de aforados y revisiones de condenas— será el premio estrella. Su actual titular, Andrés Martínez Arrieta, se jubilará en abril de 2027, y los conservadores, con 10 vocales unidos, tienen ventaja para nombrar a su candidato. Si no hay acuerdo, asumirá el cargo en funciones Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado durante Rajoy, seguido de Manuel Marchena, ex presidente de la Sala Penal. Los progresistas, divididos en dos bloques, rechazan entrar en negociaciones, pero necesitan su apoyo para aprobar los nombramientos por tres quintos.
El CGPJ ya vivió tensiones en 2025 por la renovación de comisiones internas, con un vocal progresista dimitiendo (sin éxito) tras perder el control de la Permanente. Ahora, la presidenta Isabel Perelló acusa a los progresistas de falta de institucionalidad tras un comunicado público criticando su gestión, mientras los conservadores denuncian seguidismo al ministro de Justicia, Félix Bolaños. La ley de eficiencia judicial impulsada por Bolaños también ha generado roces, con Perelló criticándola en su discurso ante el Rey.
El contexto es clave: la Sala Penal ya resolvió casos como la condena a Ábalos (24 años) o la prisión preventiva de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE. Además, el caso de Ceuta podría escalar al Supremo, reforzando la importancia de su composición. En 2018, el PP intentó nombrar a Marchena como presidente del CGPJ para controlar la Sala Penal, pero su renuncia frustró el plan.
La presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que se vaciará tras la jubilación de Pablo Lucas, también está en juego. Tres candidatos compiten por el puesto, y se espera que su elección se integre en un intercambio de cromos dentro del CGPJ. La presidenta Perelló ha señalado que las negociaciones deben cerrarse en el primer trimestre, con la expectativa de que los vocales logren acordar los nombres antes de la fecha límite.
