La Audiencia de Barcelona deniega la amnistía a agentes acusados de lesiones graves y tortura tras disparar pelotas de goma al manifestante, ahora candidato de Junts al Senado
Roger Español, manifestante que perdió la visión de un ojo tras recibir un impacto de pelota de goma durante las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en Barcelona, enfrenta en juicio a cuatro agentes de la Policía Nacional —un inspector, dos subinspectores y un escopetero— por lesiones graves y tortura. El proceso, único abierto contra agentes por los hechos de ese día, se celebra nueve años después en el Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona, con sentencia prevista para el próximo 1 de octubre.
Los acusados, que solicitaron amnistía, la vieron denegada por la Audiencia de Barcelona. La ley excluye la amnistía para actos dolosos que causen «pérdida o inutilidad de un órgano o sentido principal», como ocurrió con Español, quien sufrió el estallido del globo ocular, fracturas faciales y secuelas permanentes. La Fiscalía pide su absolución al considerar que actuaron «cumpliendo el deber», mientras las acusaciones —presentadas por la víctima, Ómnibus Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Centre Irídia)— exigen penas de 9 a 13 años por lesiones graves y tortura.
El disparo fatal, realizado desde 14,2 metros, impactó en el rostro de Español cuando levantaba las manos entre manifestantes y periodistas. Según la Fiscalía, el proyectil rebotó en el asfalto; las acusaciones señalan que fue directo. El contexto: una sentada pacífica de 600 a 800 personas bloqueó a 40 agentes en la calle, tras requisar urnas en el colegio Ramon Llull. Los agentes usaron pelotas de goma tras agotar defensas reglamentarias y mediaciones con bomberos y prensa.
Español, candidato de Junts per Cataluña al Senado en 2023, también fue investigado por lanzar una valla contra la línea policial, pero recibió amnistía junto a 46 agentes más. El juicio, que se prolongará durante cuatro sesiones, reviste especial simbolismo: el 1 de octubre marca el noveno aniversario de los hechos, cuando la Policía intervino para evitar el referéndum independentista catalán.
El caso refleja la tensión entre la impunidad policial y la justicia en conflictos políticos. Mientras los agentes alegan «extrema tensión», las víctimas y colectivos independentistas denuncian un patrón de violencia institucional. La sentencia podría sentar precedente sobre el uso de la fuerza en protestas y la aplicación de la amnistía en casos de graves lesiones.
