El juicio en Barcelona, que comienza hoy, es el único caso por cargas del referéndum que no quedó amnistiado y pide 13 años de cárcel para los agentes
Cuatro agentes de la Policía Nacional —un escopetero, un inspector y dos subinspectores— se sientan este miércoles en el banquillo de la Audiencia de Barcelona acusados de dejar tuerto a Roger Español durante las cargas contra el referéndum del 1-O. El juicio, que se prolongará hasta el 1 de octubre, es el único caso por las intervenciones policiales de aquel día que no quedó excluido de la amnistía por delitos relacionados con el proceso independentista catalán.
La Fiscalía pide la absolución de los cuatro agentes, argumentando que su actuación estaba amparada por el cumplimiento del deber ante una supuesta «resistencia grave» de los votantes. Sin embargo, la acusación —presentada por Roger Español, las entidades soberanistas ANC y Ómnibus Cultural, y el centro de derechos humanos Iridia— reclama trece años de prisión y una indemnización de 320.632 euros para la víctima, que fue candidato al Senado por Junts en 2019.
El disparo que le causó la pérdida del ojo ocurrió cuando los agentes se retiraban por la calle Gardenia de Barcelona tras intervenir en el instituto Ramon Llull, uno de los centros donde se celebró el referéndum. Según la acusación, los mandos policiales ordenaron disparar pelotas de goma a pesar de que no había peligro inminente, y el escopetero procesado lo hizo tres veces contra Español, alcanzándolo de lleno a solo 14 metros.
El juicio, que incluye la declaración de más de 90 testigos —entre ellos, el comisario jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional—, se enmarca en un contexto de impunidad denunciado por las entidades soberanistas. Mientras, el Gobierno catalán ha convocado movilizaciones en Barcelona para exigir justicia, en una campaña que vincula el caso con la falta de reparación para las víctimas de las cargas del 1-O.
La audiencia se desarrollará en cuatro sesiones, con la última prevista para el 1 de octubre, fecha que coincide con el noveno aniversario del referéndum unilateral de independencia convocado por el Govern de Carles Puigdemont.
