La Junta prepara una oferta excepcional de VPO para compra y alquiler, pero los precios siguen inalcanzables para miles de andaluces
La Junta de Andalucía lanzará en las próximas semanas su mayor oferta de suelo público para viviendas protegidas en la última década, un plan sin precedentes para intentar paliar una crisis de acceso a la vivienda que afecta a más de 300.000 hogares en la comunidad. Según fuentes del Gobierno autonómico, la medida incluye parcelas en ciudades clave como Sevilla, Málaga y Granada, donde la demanda supera en un 40% la oferta actual de viviendas de protección oficial (VPO).
La decisión responde a datos que revelan un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible: los precios de la vivienda en Andalucía han subido un 12% en el último año, según el Colegio de Registradores, mientras que los salarios medios apenas han crecido un 3%. El alquiler, por su parte, representa ya el 45% del presupuesto mensual de más de 150.000 familias, según estimaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Andalucía.
El plan, que se enmarca en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2026-2030, priorizará zonas con alta demanda y escasez de suelo disponible. Sin embargo, expertos consultados por ElectionLAB advierten de que la medida podría llegar tarde para muchos andaluces: el 68% de los municipios con menos de 20.000 habitantes ya no tienen suelo disponible para VPO, según datos de la Consejería de Fomento.
El contexto: una década de retrasos y promesas incumplidas
Esta iniciativa llega tras años de críticas por la lentitud en la ejecución de políticas de vivienda. En 2019, el Gobierno andaluz anunció un plan similar con 5.000 viviendas, pero solo se ejecutaron 1.200 hasta 2023. La actual oferta, aunque sin cifras concretas aún, superaría en un 30% la anterior, según cálculos internos de la Junta. La diferencia radica en la urgencia: mientras que en 2019 el déficit de vivienda se estimaba en 200.000 unidades, hoy supera las 300.000, según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
El Plan Andaluz de Vivienda está cofinanciado con fondos europeos Next Generation, pero su aplicación depende de la aprobación de los ayuntamientos, muchos de ellos con retrasos en la cesión de terrenos. En 2025, solo el 35% de los municipios andaluces cumplieron los plazos establecidos para la transferencia de suelo público, según un informe de la Sindicatura de Cuentas.
¿Qué se juegan los actores?
Para el Gobierno andaluz, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), esta medida busca consolidar su imagen como garante del acceso a la vivienda ante las elecciones autonómicas de 2028. Sin embargo, la oposición, con Adolfo Suárez Illana (PSOE) a la cabeza, ya ha advertido de que el plan es insuficiente: «No es una solución real si no se regula el mercado y se controlan los precios», declaró Suárez en una rueda de prensa el pasado 15 de septiembre. Por su parte, Podemos Andalucía ha exigido que al menos el 60% de las viviendas sean de alquiler social, algo que la Junta aún no ha confirmado.
El sector inmobiliario, representado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Andalucía (APIA), ha mostrado escepticismo: «Sin incentivos fiscales adicionales, el suelo público no atraerá a los promotores privados», advirtió su presidente, Javier Márquez, en declaraciones a ABC. La medida también enfrenta desafíos legales: en 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló 800 viviendas protegidas en Córdoba por irregularidades en la adjudicación, un precedente que podría afectar a futuros proyectos.
Mientras, las asociaciones de inquilinos, como la Confederación de Asociaciones de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (CONVIVA), reclaman medidas adicionales, como la limitación de los precios de alquiler en zonas pensionadas. «El suelo público es necesario, pero no basta si no hay un control real de los precios», declaró su portavoz, María José Jiménez, quien recordó que en 2025 más de 80.000 andaluces estaban en lista de espera para acceder a una vivienda protegida.
