El Gobierno y la Zarzuela coordinan el viaje, pero Marruecos vigila cada paso para evitar tensiones por el ‘Gran Marruecos’
Felipe VI visitará Ceuta y Melilla antes de que termine 2026, según confirmaron fuentes de la Moncloa y la Zarzuela.
El viaje, anunciado por Pedro Sánchez el 3 de septiembre como «en las próximas semanas», se prepara con máxima discreción para evitar reacciones de Marruecos, que históricamente reclama ambas ciudades. La fecha exacta aún no está decidida, pero se descarta cualquier movimiento antes del 23 de septiembre, día de las elecciones marroquíes. El 12 de octubre —Día de la Hispanidad— y una cumbre con Argelia en Madrid también condicionan la agenda.
La visita responde a la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, cuando cerca de 80.000 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos. El Rey ya mostró su «indignación» el 1 de agosto en un comunicado, pero algunos ministros consideraron «excesivo» su tono. La Constitución obliga a que cualquier acto político de la Corona sea refrendado por el Gobierno, lo que limita la autonomía de Felipe VI. En 1997, el PP de Aznar bloqueó una visita de Juan Carlos I a Melilla por «inoportuna», y en 2002, el Gobierno de Aznar vetó su asistencia a la boda de Mohamed VI durante la crisis de Perejil.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció el 6 de agosto que el Rey tenía «ganas» de viajar, pero expertos como el catedrático Javier Pérez Royo advierten: «Lo peor sería que esto se convierta en un conflicto entre las dos monarquías». Marruecos, desde Mohamed V, reclama las ciudades, y sectores en Rabat abogan por el ‘Gran Marruecos’. La Zarzuela y Moncloa trabajan en sintonía, pero cualquier error podría escalar la tensión.
Para garantizar la seguridad y la fluidez del desplazamiento, la Moncloa ha coordinado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Guardia Civil la logística del viaje, que se realizará en helicóptero para evitar posibles retrasos en la frontera. Además, se ha previsto que el Rey se reúna con el alcalde de Ceuta y el gobernador de Melilla, con el objetivo de reforzar la presencia institucional española en las ciudades autónomas y demostrar solidaridad con sus habitantes tras la crisis migratoria.
