Castilla-La Mancha, Asturias y el PSOE interno resisten; el texto definitivo podría llegar al Congreso antes de una posible disolución de las Cortes
Pedro Sánchez impulsará en los próximos días la reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Ministros, un proyecto que enfrenta el rechazo de 13 comunidades autónomas —once gobernadas por el PP, más Castilla-La Mancha y Asturias— y amenaza con fracturar al PSOE en el Congreso. Fuentes de Hacienda confirmaron que solo quedan «flecos» por cerrar antes de su aprobación, aunque no concretaron fecha, mientras los diputados socialistas de las regiones rebeldes dudan entre votar en contra o romper la disciplina de grupo.
La reforma, que el Gobierno presenta como un avance al aumentar recursos, choca con la postura de Emiliano García-Page (PSOE-CLM), quien la calificó de «absolutamente injusta». Los ocho diputados socialistas de la región podrían votar en solitario contra el texto, arriesgándose a una multa de 600 euros por parte del Grupo Parlamentario del PSOE. «La tierra tira mucho», reconocieron fuentes cercanas a algunos parlamentarios, que condicionan su decisión a conocer el texto definitivo.
En Asturias, la situación es aún más compleja. Izquierda Unida (IU) presiona al diputado de Sumar, Rafael Cofiño (independiente), para que vote en contra, argumentando que la propuesta es «insuficiente» para la región. Aunque el entorno de Cofiño no descarta la opción, esperan al texto final. Mientras, Adrián Barbón (PSOE-Asturias), que ya votó en contra del sistema actual, mantiene su postura en silencio, sin revelar si sus dos diputados seguirán su línea.
Dentro del grupo parlamentario de Sumar, la división es patente. Los cuatro diputados vinculados a IU —Málaga, Sevilla, Córdoba y Valencia— no han alcanzado un consenso. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, reconoció que, aunque la reforma «contempla un aumento de recursos», critica la «mala actitud negociadora» de Hacienda por no lograr un acuerdo más amplio. «No hay texto que desarrolle la propuesta», admitieron fuentes cercanas, lo que retrasaría cualquier decisión.
Por el contrario, Compromís —otra fuerza dentro de Sumar— sí se muestra favorable al proyecto. La incógnita ahora es si el texto llegará a tiempo al Congreso antes de que el PP, Vox y posiblemente Junts registren enmiendas a la totalidad, como ocurrió con los Presupuestos. Si el Gobierno no logra apoyos suficientes, la reforma podría decaer en la primera votación, precipitando una disolución de las Cortes.
El escenario recuerda al de 2023, cuando los Presupuestos se hundieron por falta de consenso. Esta vez, sin embargo, el tiempo juega en contra: la reforma de financiación, que nadie da por viable, podría convertirse en el último gran debate antes de unas elecciones anticipadas.
El mapa de resistencias: de García-Page a Maíllo
La reforma, que el Gobierno justifica como una «mejora» del sistema actual, enfrenta un frente unido de comunidades gobernadas por el PP. Castilla-La Mancha y Asturias suman sus voces al rechazo, pero con matices. Mientras García-Page tacha la propuesta de «injusta», en Asturias la división interna en Sumar obliga a negociar. IU presiona para un voto en contra, pero el diputado Cofiño —independiente dentro de la coalición— podría decidir el rumbo. Su postura es clave, ya que Barbón (PSOE) ya se opuso al sistema vigente, aunque no ha aclarado si arrastrará a sus diputados.
En el Congreso, los cuatro diputados de IU en Sumar —Málaga, Sevilla, Córdoba y Valencia— no han cerrado filas. Maíllo reconoce avances, pero critica la falta de diálogo con las autonomías. «No hay consenso porque no hay texto», admiten fuentes, lo que retrasaría una decisión hasta que Hacienda concrete los detalles. Mientras, Compromís —otra fuerza de la coalición— apoya la reforma, lo que agrava la fractura interna.
El riesgo de una disolución anticipada
El principal obstáculo no es solo la resistencia autonómica, sino el calendario político. Si el PP, Vox y Junts registran enmiendas a la totalidad —como hicieron con los Presupuestos—, la reforma podría caer en la primera votación. El Gobierno necesitaría al menos 176 votos para evitarlo, algo poco probable sin el apoyo de ERC o Bildu, que ya mostraron escepticismo con anteriores propuestas.
Ante este escenario, Pedro Sánchez podría optar por disolver las Cortes, anticipando elecciones. La reforma de financiación, que ni siquiera ha sido debatida en profundidad, se convertiría así en un «caso perdido», como ocurrió con los Presupuestos de 2023. La diferencia es que, esta vez, el reloj corre en contra: si el texto no llega al Congreso antes de una posible disolución, el sistema de financiación seguirá igual, sin cambios.
Lo que está claro es que, sea cual sea el resultado, la reforma dejará al descubierto las grietas internas del PSOE. Mientras García-Page y Barbón desafían a la dirección, Maíllo y los diputados de IU en Sumar negocian en silencio. En el fondo, lo que se juega no es solo una ley, sino la unidad de un partido que, en plena campaña electoral, podría pagar el precio de su propia división.
