La medida, que podría llegar al Congreso antes de una posible disolución de las Cortes, enfrenta al PSOE con sus socios de gobierno y con Sumar
Pedro Sánchez ha dado luz verde a la reforma del sistema de financiación autonómica, un proyecto que enfrenta al Gobierno con once comunidades gobernadas por el PP, Asturias y Castilla-La Mancha, donde el PSOE local rechaza la propuesta. La decisión, adoptada pese a la oposición de estas regiones, se perfila como un desafío político en un contexto de incertidumbre legislativa, con el riesgo de que la reforma no llegue a tramitarse antes de una eventual disolución de las Cortes.
El Consejo de Ministros ha aprobado los últimos ajustes del texto, aunque fuentes de Hacienda evitan concretar fechas. La prioridad ahora es su remisión al Congreso, donde el Gobierno necesitará apoyos externos para evitar que la iniciativa quede bloqueada por enmiendas a la totalidad registradas por PP, Vox y posiblemente Junts. El escenario recuerda al de los Presupuestos de 2023: si no se aprueba en primera votación, la reforma podría decaer, precipitando una decisión de Sánchez sobre la convocatoria de elecciones.
La fractura interna en el PSOE es el principal obstáculo. En Castilla-La Mancha, los ocho diputados socialistas podrían votar en contra, siguiendo la línea de Emiliano García-Page, presidente autonómico, quien ha calificado la reforma de «absolutamente injusta». Aunque el Grupo Parlamentario del PSOE podría imponer disciplina de voto, los diputados locales admiten que «la tierra tira mucho», y algunos no descartan un voto individual, arriesgándose a una multa de 600 euros.
En Asturias, la situación es aún más compleja. Izquierda Unida (IU) ha exigido a Rafael Cofiño, diputado de Sumar, que vote en contra, argumentando que la propuesta es «insuficiente para Asturias». Cofiño, independiente dentro de la coalición, no cierra la puerta, pero espera al texto definitivo. Mientras, Adrián Barbón, barón asturiano del PSOE, mantiene una postura ambigua: votó en contra del sistema actual, pero no ha aclarado cómo actuará con la reforma.
Dentro de Sumar, la división es patente. Los cuatro diputados vinculados a IU (Málaga, Sevilla, Córdoba y Valencia) no han alcanzado un consenso. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, reconoce que la propuesta «contempla un aumento de recursos», pero critica la «mala actitud negociadora» de Hacienda. En cambio, Compromís sí se muestra favorable, aunque sin garantizar un apoyo unánime.
El precedente de los Presupuestos y el riesgo de disolución
La reforma enfrenta el mismo obstáculo que los Presupuestos de 2023: la falta de apoyos. Si el Gobierno no logra superar las enmiendas a la totalidad, la iniciativa quedará paralizada. Esto podría obligar a Sánchez a adelantar elecciones, frustrando una reforma que, según analistas, nadie en el Congreso da por viable. El escenario es especialmente delicado porque, a diferencia de otros años, no hay margen para negociaciones de última hora.
¿Qué cambia con la nueva financiación?
El texto definitivo, aún no publicado, promete un aumento de recursos para las comunidades, pero sin detalles concretos sobre cómo se distribuirán. Las regiones gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía o Valencia, ya han tachado la propuesta de «injusta» por no compensar adecuadamente su esfuerzo fiscal. La reforma, en cualquier caso, llega en un momento de tensión fiscal, con comunidades como Extremadura o Galicia reclamando mayor equidad.
El debate legal se centra en dos puntos: la fórmula de cálculo de los fondos y la participación de las comunidades en su gestión. Mientras, el Gobierno insiste en que la reforma es «un avance», aunque sin lograr el consenso necesario. La pregunta ahora es si llegará a tiempo, o si terminará siendo otro proyecto truncado en el Congreso.
Además, IU Asturias ha mantenido contactos con Movimiento Sumar para tomar una decisión que, según la propia coalición, será «consensuada». Este acercamiento sugiere que, pese a la postura inicial de rechazo, la reforma podría contar con un respaldo más amplio una vez que se conozca el texto definitivo que salga del Consejo de Ministros.
