La ministra Rodríguez abre una brecha con el PSOE ibicenco al permitir acceso sin empadronamiento, mientras Aena impulsa una ampliación del aeropuerto que triplica su capacidad actual
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha decidido este martes que los 532 pisos de alquiler asequible en Ca n’Escandell (Ibiza) no tendrán prioridad para residentes locales, rompiendo con el compromiso histórico del PSOE en la isla. La medida, anunciada durante una visita a las obras, justifica la exclusión por la necesidad de atraer funcionarios y profesionales que rechazan los precios disparados de la vivienda en Ibiza. El proyecto, impulsado por la empresa pública Casa 47, fue cedido en 2010 por el Ayuntamiento de Ibiza —entonces gobernado por el PSOE— con el objetivo explícito de «hacer del derecho a una vivienda digna una realidad para los ciudadanos de la isla».
La decisión choca frontalmente con la interpretación del Govern balear, que exige mínimo cinco años de empadronamiento (hasta 10 en el caso de Ibiza) para acceder a viviendas protegidas. El PSOE local, que ha convertido la crisis habitacional en su bandera electoral, se enfrenta ahora a un dilema: defender un proyecto que excluye a los ibicencos o asumir que su gestión durante la etapa de Francina Armengol (2015-2023) agravó la escasez con políticas urbanísticas restrictivas. La polémica llega en un momento crítico para el partido, tras perder las elecciones de 2023 y con dos candidatos recién designados —Elena López (alcaldía) y Álex Pitaluga (Consell Insular)— que deberán justificar su apoyo a una medida que beneficia a extranjeros sin vinculación con la isla.
Mientras, el PSOE ibicenco intenta capitalizar otra crisis: la ampliación del aeropuerto de Ibiza, promovida por Aena (51% estatal), que supondrá una inversión de 230 millones de euros y elevará la capacidad de pasajeros del 25% al 75% en temporada alta. Aunque Aena insiste en que no se trata de un aumento de capacidad —sino de adaptarse a normativas europeas—, los datos desmienten su argumento: en agosto de 2026, el aeropuerto registró 1,5 millones de pasajeros (un 2,5% más que en 2025) y 13.643 operaciones (5,2% más), en una infraestructura que ya superó los 9 millones anuales en 2025. La ampliación, que incluye 15 nuevas puertas de embarque y un dique de 170 metros para vuelos extracomunitarios, profundizará en el modelo turístico que los socialistas critican por alimentar el alquiler ilegal (más de 3.000 anuncios retirados en 2026 gracias a acuerdos con Airbnb y Booking).
La combinación de ambas decisiones —vivienda sin prioridad local y aeropuerto sin límite de pasajeros— deja al PSOE ibicenco en una posición insostenible: o asume que su legado en la isla fue contraproducente, o traiciona a su electorado con políticas que benefician a terceros. Mientras, el PP local, que gobierna el Consell Insular, aprovecha para señalar que el proyecto de Ca n’Escandell «nació con el PSOE en el Gobierno» y que ahora el Ejecutivo central «abandona a los ibicencos». La ministra Rodríguez, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre las críticas, centrando su discurso en la «urgencia de repoblar la isla con profesionales cualificados».
