El Consell d’Alcaldes y los cinco ayuntamientos exigen 10 años de residencia; el Govern de Marga Prohens amenaza con vetar adjudicaciones fuera de Baleares
El Consell d’Alcaldes de Ibiza y los cinco ayuntamientos de la isla han acordado este viernes exigir al Gobierno de España y a la empresa pública Casa 47 que los 532 pisos de alquiler asequible de Ca n’Escandell prioricen a residentes con al menos 10 años de arraigo en la isla. La decisión responde al anuncio de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien el jueves abrió la adjudicación a residentes legales de cualquier punto de España, sin exigir empadronamiento previo.
Rodríguez defendió el criterio argumentando que Ibiza necesita atraer profesionales esenciales, como médicos, pero el presidente del Consell, Vicent Marí, lo calificó de «contradictorio»: «Si el Gobierno reconoce la emergencia residencial en Ibiza, ¿por qué no destinar estas viviendas a quienes ya sufren la crisis?». Marí advirtió que la isla ha duplicado su población en décadas, pero construir para nuevos residentes no resuelve el problema de quienes llevan años esperando.
El Govern balear, por su parte, ha amenazado con bloquear legalmente la adjudicación. Su portavoz, Antoni Costa, citó el artículo 70.8 de la Ley de Vivienda autonómica, que exige 5 años de residencia en Baleares para acceder a viviendas protegidas. Costa acusó a Rodríguez de «desconocer la realidad» y sentenció: «Estas viviendas serán solo para ibicencos».
La crisis de vivienda en Ibiza es extrema: más de 2.000 familias en la capital están inscritas en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) a la espera de un piso público. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, alertó de que la medida del Ministerio «diluye la esperanza» de quienes llevan años en lista de espera frente a solicitantes de otras regiones.
El PP de Ibiza, liderado por Mariano Juan, y VOX coincidieron en rechazar el plan. Los populares exigen 10 años de residencia en Baleares, mientras VOX denunció que el empadronamiento posterior a la adjudicación «no acredita vinculación real» con la isla y exigió criterios de «arraigo prolongado».
El Consell y los ayuntamientos subrayaron que, aunque aún no se conocen las bases definitivas de adjudicación, el Gobierno todavía tiene margen para rectificar. En su reunión, el presidente Marí enfatizó que la vivienda pública construida en Ibiza debe servir para que los residentes puedan seguir viviendo en su isla, y concluyó que la prioridad debe ser para quienes ya están arraigados en la comunidad.
Con 532 viviendas en juego y más de 2.000 solicitudes ya registradas, la presión sobre el Gobierno y Casa 47 se intensifica, ya que la comunidad exige que la adjudicación refleje la realidad demográfica y las necesidades de los habitantes permanentes de la isla.
