Dignidad y Justicia reclama diligencias judiciales y revisión de su semilibertad si incumple las normas
La asociación Dignidad y Justicia ha exigido este domingo a la Justicia que investigue el alta laboral concedida al ex jefe militar de ETA Garikoitz Espiás Rubina, alias ‘Tversky’, en un herbolario de Andoain (Guipúzcoa), donde no ejercerá actividad laboral. La organización considera que este hecho podría vulnerar las condiciones de su semilibertad y ha solicitado la apertura de diligencias para verificar su cumplimiento.
Tversky, condenado por delitos de terrorismo, cumple actualmente una pena de prisión con permiso de salida desde 2022, tras cumplir más de la mitad de su condena. Su alta laboral en un establecimiento de Guipúzcoa —según información adelantada por ABC— ha generado alerta entre las víctimas, que denuncian un posible incumplimiento de las medidas judiciales que regulan su semilibertad, como la prohibición de contactar con miembros de la banda o desarrollar actividades vinculadas a su pasado.
La asociación recuerda que Tversky ya ha sido objeto de sanciones previas por incumplir las normas de su libertad condicional, lo que refuerza su reclamo para que la Justicia actúe con rigor. Según el marco legal vigente, los internos en semilibertad están sujetos a un seguimiento estricto por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, que pueden revocar sus permisos si detectan irregularidades como la que ahora se investiga.
Este caso se enmarca en un contexto de tensión recurrente entre las víctimas del terrorismo y las decisiones judiciales sobre excarcelaciones o permisos de excarcelados etarras. Organizaciones como Dignidad y Justicia llevan años denunciando que estos procesos no siempre garantizan la reparación para las familias afectadas, especialmente cuando se percibe que las medidas de control son laxas. La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJPV) serán los encargados de evaluar si proceden diligencias adicionales.
El informe de ABC, publicado el 18 de septiembre de 2026, señala que la alta laboral se otorgó sin que el interno tuviera una posición laboral concreta en el herbolario, lo que ha provocado la indignación de las víctimas y la exigencia de una revisión exhaustiva por parte de la justicia.
