El Juzgado de lo Social 12 de Madrid determina que el ex director de Operaciones sufrió represalias tras alertar del desvío de 25 millones de euros
Un juzgado de Madrid ha declarado nulo el cese del ex director de Operaciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La resolución judicial concluye que la entidad represalió al directivo tras denunciar una presunta malversación de 25 millones de euros. La resolución, dictada por el Juzgado de lo Social número 12 de Madrid, establece que la salida forzada vulneró derechos fundamentales. El despido se produjo en 2025 de manera manifiestamente ilegal.
El denunciante acudió a la Fiscalía Anticorrupción para detallar un esquema continuado durante 17 años. La causa penal sigue abierta bajo la investigación conjunta del ministerio público y de la Policía Nacional. Según la documentación aportada en el proceso judicial, el directivo sufrió la expulsión precisamente por examinar las irregularidades internas. El magistrado concluye que las faltas imputadas para justificar la salida carecían de sustento real.
La sentencia compromete la posición del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant. El fallo subraya que el afectado comunicó los hechos en dos ocasiones al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa. Esos avisos advertían de las irregularidades detectadas y del riesgo inminente de represalias. La secretaría de Estado no intervino para frenar la expulsión ejecutada por los gestores del centro público.
Las dos advertencias previas remitidas a la Secretaría de Estado
El primer escrito formal de alerta llegó a manos del secretario de Estado el 3 de marzo de 2025. El directivo explicó que la estructura directiva del organismo obstaculizaba la aplicación de los controles legales preceptivos. La gerencia histórica, encabezada por Juan Arroyo, controlaba la gestión cotidiana prácticamente desde los primeros compases de los años 2000. Los avisos señalaban la compra masiva de suministros sin supervisión efectiva y por encima de las necesidades reales.
La segunda comunicación directa con Juan Cruz Cigudosa tuvo lugar el 8 de agosto de 2025. En ese momento restaban apenas 22 días para la consumación del despido. El denunciante y la directora de Cumplimiento Normativo acumulaban meses rastreando facturaciones sospechosas. El informe interno analizaba la contratación sistemática a través de presuntas sociedades pantalla vinculadas a responsables del propio centro. La denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción había sido registrada el 27 de junio de 2025 mediante un dosier de 122 páginas.
El secretario de Estado no contestó a los requerimientos de auxilio institucional. La dirección del centro abrió expedientes disciplinarios el 5 de agosto de 2025 contra ambos trabajadores. El juzgado califica los argumentos del organismo como acusaciones vagas e inconsistentes. El fallo remarca que los rectores del centro conocían la debilidad de sus reproches y los emplearon como pretexto formal para la rescisión laboral.
La intervención previa y los intentos de fiscalización interna
Las tensiones internas comenzaron a consolidarse tras los requerimientos formulados por la Intervención General de la Administración del Estado. En el año 2020, el órgano fiscalizador ordenó extremar el control para evitar el fraccionamiento indebido de contratos. El denunciante diseñó en 2024 una guía de actuación para implantar esos controles obligatorios en los departamentos del centro médico. Aquella iniciativa topó con la resistencia expresa de otras áreas directivas.
Uno de los directores requeridos contestó por escrito exigiendo el cese de lo que calificó como un comportamiento beligerante. Las indagaciones internas continuaron a pesar de la oposición interna y la progresiva retirada de competencias laborales al afectado. En una de las inspecciones documentadas, el directivo acudió personalmente al almacén para recontar pantallas informáticas adquiridas. La Policía Nacional y la Fiscalía han reunido indicios de servicios abonados que nunca llegaron a prestarse de forma efectiva.
El comité de empresa del organismo solicitó frenar la rescisión contractual para esperar la incorporación del nuevo gerente. La dirección desoyó la petición y ejecutó la salida el 31 de agosto de 2025. La fecha coincidió con la víspera del relevo en la gerencia general de la institución investigadora.
El paso de la gerencia entrante y la tutela a los informantes
El nuevo gerente designado por el ministerio, José Manuel Bernabé, asumió el puesto un día después de los despidos. Bernabé respaldó la denuncia penal tras conocer los detalles del presunto desfalco en noviembre de 2025. El gestor presentó su dimisión meses más tarde ante las dificultades para reconducir el funcionamiento interno del organismo. Su salida se produjo tras afrontar denuncias internas por acoso que no contaron con el respaldo del colectivo científico.
El criterio del juzgado coincide con la resolución emitida por la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Este organismo administrativo reconoció previamente la condición de represaliados a los dos directivos apartados. La legislación española ampara a quienes comunican infracciones normativas graves y prohíbe cualquier menoscabo en sus condiciones de trabajo.
El pronunciamiento judicial anula los efectos del cese y ratifica la condición de represalia laboral de la medida adoptada. La causa penal continúa tramitándose en los juzgados correspondientes con la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional. La resolución de lo Social fija la responsabilidad del organismo y documenta la desatención ministerial frente a los avisos recibidos.
