El Tribunal de Cartagena investiga a dos cargos del partido por usar su rúbrica sin consentimiento, clave para destituir al portavoz parlamentario
El Tribunal de Instrucción número 4 de Cartagena ha imputado a dos cargos de Vox —el asesor parlamentario A. H. y la coordinadora del grupo, A. P.— por falsificación de documentos. La investigación se centra en el uso no autorizado de la firma digital de José Ángel Antelo, exvicepresidente de la Región de Murcia, para consumar su cese como portavoz parlamentario en 2024.
La falsificación fue posible porque Vox necesitaba el voto unánime de sus parlamentarios para destituir a Antelo. Al no obtenerlo —Virginia Martínez, única diputada que se negó al cese—, el partido recurrió a la firma de Antelo sin su consentimiento. El exvicepresidente denunció el fraude tras conocerse la decisión en la Mesa de la Asamblea Regional.
Este caso revela un conflicto interno en Vox: la necesidad de unidad parlamentaria chocó con la negativa de Martínez a respaldar el cese. La imputación por falsificación eleva la tensión legal, ya que afecta directamente a la credibilidad de los procedimientos internos del partido en Murcia, donde su representación parlamentaria depende de acuerdos frágiles.
El Tribunal actúa tras la denuncia de Antelo, quien calificó el uso de su firma como «una falsificación». La citación como testigo a Martínez subraya su papel clave: su voto en contra fue el detonante que obligó a Vox a buscar alternativas ilegales para lograr la mayoría necesaria.
La falsificación de firmas digitales en el ámbito político no es un caso aislado, pero sí poco frecuente. En este contexto, el procedimiento judicial podría sentar un precedente sobre cómo se gestionan los ceses en las asambleas autonómicas, donde los votos unánimes son comunes. Para Vox, la imputación añade presión en un momento en que el partido enfrenta críticas por su gestión interna y legal en varias regiones.
